La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado este jueves en Madrid después de reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que “en febrero entrará en vigor en Cataluña la contención de rentas” de los precios del alquiler. En las próximas semanas finalizarán los trabajos entre el Govern y el Gobierno “del sistemas de índices a aplicar” a los precios de la vivienda de alquiler, ha explicado Capella y ha añadido: “En febrero, cuando acaben el ministerio publicará la memoria y la declaración de zona tensa de 140 municipios que enviamos en verano de 2023 y los índices a aplicar”. Cataluña es la única comunidad autónoma que por ahora ha pedido poder regular los alquileres, como prevé la Ley de Vivienda, aprobada en abril del año pasado, en vísperas a las elecciones municipales.
Con el acuerdo anunciado, la comunidad recuperaría la contención de rentas que estuvo en vigor entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, cuando el Tribunal Constitucional la tumbó en respuesta a un recurso del Gobierno. Capella ha celebrado “desencallar” las cuestiones técnicas y “poder hacer efectiva la contención de rentas en febrero en Cataluña”.
El ministerio, en un tono menos triunfalista, en una nota de prensa ha confirmado que “el Índice de Precios de Referencia de Alquiler que permitirá declarar las zonas tensionadas está previsto que se publique a lo largo del mes de febrero”. “Hoy la vivienda es un problema transversal, de mayorías, y ambos gobiernos aspiran a atender esta demanda” ha destacado la ministra.
Uno de los escollos a salvar ahora es terminar la elaboración de un nuevo índice de precios. Cataluña ya tiene el suyo vigente, que fue la referencia para la ley de contención de rentas (el conocido como decreto 11/2020), pero para aplicar la legislación española es necesario otro índice elaborado por el Ministerio, que hace unas semanas se comprometió a tenerlo acabado este mes de enero.
Desde Barcelona, el Sindicato de Inquilinos, que impulsó la regulación de los alquileres en Cataluña, ha asegurado que la regulación “llega muy tarde” y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a aprobarla en 2019. “Desde entonces el alquiler en Barcelona ha subido una media del 18%, lo que significa que desde entonces las familias pagan 176 más cada mes”, ha asegurado la portavoz de la organización, Carme Alcarazo. “Han pasado ocho meses desde que la Ley española se aprobó y no queremos darlo por hecho, porque en todo este tiempo nos han dado muchas largas. Cada mes son subidas y más familias desahuciadas o que pueden destinar menos parte de sus ingresos a comprar comida. Es muy grave porque en Barcelona las familias destinan la mitad de sus ingresos al alquiler”, ha dicho. Alcarazo ha señalado que “será muy importante el índice, porque determina cuánto tienen que bajar los alquileres, tiene el riesgo de ser un queso Gruyere y no acabe bajando los alquileres lo que sería justo, porque en los últimos diez años los precios se han doblado y es importante que bajen para que las familias respiren”.
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