Queda apenas un día para que el Congreso celebre una votación crucial para el Gobierno. Y, de momento, la convalidación de los tres decretos aprobados a finales de diciembre por el Consejo de Ministros pende de un hilo. El Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría simple necesaria para que el pleno ratifique los textos, de los que dependen tanto la continuidad de las medidas anticrisis como la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos. La Moncloa apura los contactos tanto con Junts como con el PP, dos de las formaciones que más se resisten a sacar las iniciativas adelante. Ambas han impuesto sus condiciones. Pero, tras estudiarlas, fuentes gubernamentales ven factible asumir solo algunas de las exigencias del partido de Carles Puigdemont.

Los decretos que el Gobierno quiere convalidar son tres: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis, el decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la digitalización de la justicia— y un tercero impulsado por el Ministerio de Trabajo. El Ejecutivo necesita recabar una mayoría simple, más síes que noes, aún no concitada. Confirmados tiene por ahora el voto a favor de los 121 escaños del PSOE, los 26 de Sumar, los 7 de ERC, los 5 de PNV, los 6 de EH Bildu y el de Coalición Canaria, para el decreto de medidas anticrisis. Es decir, 166 apoyos del total del arco parlamentario formado por 350 diputados. Respecto a los otros dos textos, se repite la ecuación salvo en el caso de la formación abertzale, que pide estudiar el documento que afecta a Justicia y tramitar como proyecto de ley el tercero. En cualquier caso, sus diputados no serán un “obstáculo”. Podemos, con sus cinco escaños en el Grupo Mixto, mantenía este lunes la incógnita sobre su posición. En caso de que Junts votara a favor y los de Ione Belarra lo hicieran en contra, el decreto no saldría adelante, ya que recabaría 176 votos en contra y solo 173 a favor.

El Gobierno ha mostrado este lunes su disposición a incorporar cambios en los tres decretos en liza mediante su posterior tramitación como proyecto de ley. Todos los decretos leyes han de convalidarse por el Congreso en el periodo de un mes desde que son aprobados por el Consejo de Ministros. Hasta ese momento, son vigentes temporalmente. Pero también cabe la posibilidad de que el Gobierno impulse su tramitación posterior como proyectos de ley para poder incorporar enmiendas —es decir, cambios—, que pidan los partidos del arco parlamentario. Esa vía se aprueba durante el pleno en el que se vota el decreto, y después se inicia el proceso de tramitación, que puede durar meses. Durante todo ese lapso de tiempo, el decreto seguirá vigente tal cual.

En la tensa negociación que mantiene el Gobierno a varias bandas, hay varios partidos que han solicitado incorporar cambios a los textos. Pero no todos de la misma forma. Para empezar, Junts no está dispuesto a que los decretos se tramiten como proyectos de ley: exige que los textos sean retirados y se redacten seis nuevos decretos monográficos. Fuentes gubernamentales descartan de plano esta petición y así lo confirmó el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa en la sede del partido este lunes.

Además, respecto al contenido, la formación de Carles Puigdemont pide varias modificaciones. Junts sostiene que el texto que afecta a la justicia “pone en peligro” la aplicación de la amnistía debido a que los cambios previstos en el artículo 43.bis del decreto ómnibus harían que las causas judiciales se paralicen cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, y a pesar del rechazo de Junts, el decreto no parece implicar cambios respecto a la medida de gracia, porque la jurisprudencia está muy asentada en el derecho comunitario, y los tribunales siempre dejan en suspenso los procedimientos cuando hay planteada una cuestión prejudicial que le afecte.

En esa línea, fuentes de la dirección socialista descartan negociar este punto, una exigencia que viene dada por la Unión Europea, insisten desde el Ejecutivo. Una posición que choca frontalmente con la del partido de Puigdemont. “No se puede poner en bandeja a la cúpula judicial ninguna grieta para posponer la aplicación de la ley de amnistía. Si alguien necesita hacerse perdonar ante la cúpula judicial es su problema, pero no lo hará, en ningún caso, con los votos de Junts”, afirmó este lunes el portavoz de la formación, Josep Rius, en Barcelona. ERC no cree que haya problema con la amnistía ni con la cuestión prejudicial, como sostiene el Gobierno, de ahí que vote a favor.

Junts plantea además entre sus peticiones mantener la rebaja del IVA del 5% en la electricidad y el gas, en lugar de elevarlo al 10%. También pretende recibir mayor porcentaje de financiación que el resto de comunidades autónomas para digitalizar la Justicia y negociar competencias que a juicio de los independentistas se les cercenan con algunas medidas. El Gobierno está dispuesto a estudiar las cuestiones relativas a financiación y competencias autonómicas. El problema es que el Ejecutivo quiere incorporar cualesquiera que sean los cambios incorporándolos como enmiendas de proyecto de ley. Junts se niega.

Feijóo: “No vamos a arreglar el desgobierno”

Respecto al PP, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, habló con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a la que telefoneó dos veces —una este domingo y otra en la mañana de este lunes— para negociar su apoyo a las iniciativas, según fuentes de ambas formaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contactó a su vez al portavoz del PP, Borja Sémper, según fuentes de Génova.

Los populares solo plantean abstenerse respecto al decreto de medidas anticrisis si el Gobierno lo tramita como proyecto de ley e incorpora tres enmiendas: rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas —del 5% en lugar del 10%—, especialmente a las rentas más bajas. El Gobierno cree, tras estudiarlas, que las condiciones del PP son inasumibles porque supondría reducir en 9.000 millones el ingreso del estado. “Si de verdad el Gobierno quiere poner en marcha medidas anticrisis, lo tiene fácil, por qué no apoyar medidas en favor de las familias. Vamos a poner soluciones, pero no a arreglar los problemas internos del desgobierno”, dijo este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Unas palabras que respondió Santos Cerdán, posteriormente: “Feijóo está diciendo: ‘No vamos a salvar a Sánchez’. Y los principales afectados no son ni Sánchez ni su Gobierno, son los ciudadanos de nuestro país”. Tras descartar las condiciones del PP, el Ejecutivo se centra durante este último día en alcanzar un pacto in extremis con Junts.