El PP eleva sus ataques a la cúpula del Congreso tras fracasar su estrategia para frenar la amnistía
La Mesa del Congreso, donde la mayoría progresista que sostiene al Gobierno dispone de cinco de sus nueve componentes, aprobó este martes retomar los trámites y la discusión de la ley de amnistía en la comisión de Justicia de la Cámara baja. De entrada, el debate tendrá lugar en los próximos 15 días tras registrarse la semana pasada en el pleno el frenazo del proyecto ante la posición crítica a última hora de Junts, que la consideró insuficiente. La Mesa rechazó así los intentos de reconsideración de la norma hasta sus inicios parlamentarios del PP y Vox. El PP reaccionó airado a esa negativa y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, elevó el tono de sus ataques a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y contra el letrado mayor y secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, a los que acusó de “trabajar” solo para “los enjuagues” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“El presidente Pedro Sánchez ejecuta su agenda en el Congreso sobre la alfombra roja de sus colaboradores en esta Cámara con la colaboración de la Mesa que vota en cada ocasión a favor de Sánchez y en contra del sentido común”. Así comenzó Tellado su comparecencia este martes tras la reunión semanal de la Junta de Portavoces y tras constatar el PP que sus intentos de remitir el proyecto de ley de amnistía a su primer paso parlamentario, un registro de un nuevo texto, habían fracasado unos minutos antes en la Mesa de la Cámara baja. A partir de esa acusación no solo no remitió el nivel de sus ataques sino que los incrementó y los personalizó.
Miguel Tellado consideró así que el presidente Sánchez ha “reclutado como primer responsable” de sus intenciones con la ley de amnistía al secretario general del Congreso, el letrado Fernando Galindo, sobre el que el PP ha puesto el foco contra su neutralidad y falta de profesionalidad desde que en otoño pasado accedió a ese relevante cargo a propuesta de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. El PP entiende que Sánchez “reclutó” a Galindo a sus filas porque el letrado, que cumple con los requisitos para el puesto, estuvo unos meses antes en un cargo de director general en un Ministerio con este Ejecutivo.
Los populares incluyen en el mismo paquete a Armengol y Galindo como responsables de “hacer tropelías y atropellos de todo tipo” en beneficio de los intereses del Gobierno sobre la ley de amnistía. Y así Tellado llamó al letrado “amigo” del Ejecutivo y enumeró una serie de decisiones, de la Mesa y del propio secretario general, adoptadas conforme al Reglamento o con los votos de la mayoría, pero que en su opinión son “una dejación de funciones sin precedentes”. La última discusión se centró este martes en que el PP mantiene que como el pleno de la semana pasada votó al final con una amplia mayoría de 179 votos contra el proyecto conjunto de la ley de amnistía, incluso con el apoyo de los siete diputados de Junts que reclaman ampliar los beneficiados incluso a los que tengan delitos de terrorismo, la norma debe darse por decaída totalmente y volverse a tramitar desde el inicio. El PP no oculta que esa estrategia persigue demorar y frenar el texto y su aplicación todo lo posible.
El letrado mayor del Congreso, y la mayoría de la Mesa, argumentan que la semana pasada no solo hubo esa votación final contra el conjunto de la ley sino justo en el punto anterior otra votación sobre el dictamen de la norma, que salió adelante con 177 votos a favor frente a 172 noes. En el informe técnico suscrito por los expertos jurídicos de la Cámara se alude así a dos artículos del Reglamento del Congreso (131 y 132) para el caso de iniciativas legislativas orgánicas a las que el Senado opusiera su veto o introdujese enmiendas: “El texto resultante de la incorporación de enmiendas introducidas por el Senado y aceptadas por el Congreso será sometido a una votación de conjunto. Si en dicha votación se obtuviera la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, quedará definitivamente aprobado en sus términos. En caso contrario, quedará ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas propuestas por el Senado”.
El letrado mayor concluye así que como el dictamen sí se aprobó lo que procede ahora es que la ley se derive de nuevo a la comisión de Justicia que la trató, que esta emita un nuevo informe y que allí se discuta sobre las enmiendas que llegaron en su día a esa sesión. Y es lo que la Mesa ha acordado. La comisión tiene ahora 15 días para reunirse y decidir en primera instancia antes del 21 de febrero, pero podría prorrogar sus trabajos hasta un mes y llegar hasta el 6 de marzo. La norma, entonces, podría llevarse a su ratificación final de nuevo por el pleno del Congreso para mediados de marzo.
Las quejas y arremetidas de Tellado contra Armengol, y especialmente contra el letrado Galindo, las completó el portavoz popular con más duras críticas contra la decisión de la Mesa de no permitir al secretario general de la Cámara reunirse este jueves con los representantes de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa, que acudirá a España para entrevistarse con distintos responsables políticos sobre la ley de amnistía a petición del PP y del presidente del Senado, el popular Pedro Rollán. Tellado interpretó que la Mesa, Armengol y Sánchez quieren ocultar al letrado para que no rinda cuentas, aunque Galindo ya emitió en su momento un informe donde no observó problemas legales a ese proyecto.
Todas esas acusaciones e insinuaciones encresparon al portavoz del PSOE, Patxi López, que compareció a continuación, y las tildó de “mentiras impresentables”. López recordó que en ocasiones precedentes (ante leyes como la de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, sobre las que la misma Comisión de Venecia acudió a España para informarse), las citas y reuniones se celebraron con los representantes de la comisión en la que se abordó la ley respectiva, en aquel caso la comisión de Interior. Y ahora, el PSOE nominará para esos encuentros a sus portavoces en la comisión de Justicia. López argumentó así que el letrado Galindo no tiene por qué opinar nada ante ese foro sobre una decisión política adoptada por el PSOE y respaldada por el Gobierno del país.