Desde la cartera que dirige José Manuel Albares no solo no han contestado a la invitación cursada por Fedeca y la ADE, tampoco han enviado a ningún miembro de su Gabinete, ni a un director general del Ministerio. Tampoco a un subdirector, ni siquiera un técnico. «Un gesto que demuestra -según fuentes consultadas por ABC-, el desinterés del ministro por las condiciones en las que trabajan sus compañeros, que él mismo no ha sufrido dada su corta trayectoria como funcionario de Exteriores». El ministro, mientras tanto, asistía esta mañana a la inauguración de la Embajada de Islandia en Madrid, un acto al que, por cierto, no ha convocado a prensa.
Otro síntoma de ese gobierno del terror con el que Albares dirige Exteriores y que ABC ha denunciado en incontables ocasiones, se ha visto en los ponentes que han acudido a la cita de Fedeca, en su mayoría diplomáticos que forman parte del sindicato de la ADE o miembros de la Carrera Diplomática ya jubilados. En ambos casos, diplomáticos que no tienen miedo a hablar y a denunciar la mala gestión de recursos que se está llevando a cabo en el Ministerio, agravadas por la llegada de Albares y que también se remontan a décadas de desinversión, plantillas mermadas, condiciones laborales «muy alejadas de los estándares europeos» y una red consular incapaz de absorber el crecimiento exponencial de la ciudadanía española en el extranjero, que ha pasado de 900.000 personas en el año 2000 a más de tres millones en 2025. El encuentro se presentaba como una oportunidad para escuchar a los funcionarios que se dejan la piel por ayudar a los españoles en el exterior, pero el Ministerio decidió no enviar a alguien que les escuche.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la ADE, Alberto Virella, quien verbalizó lo que muchos llevan años denunciando: el incumplimiento sistemático de la Ley de Acción y del Servicio Exterior de 2014. «La ley dice literalmente que en 2015 tenía que haberse hecho un primer informe sobre los recursos y medios del Servicio Exterior español y que después debían realizarse periódicamente cada dos años. Pues no se ha hecho un solo informe», lamentó. Y añadió: «Hay un incumplimiento de un mandato legal, que venimos reiterando desde la Asociación de Diplomáticos Españoles, para saber —con conocimiento, con vigor y tras un análisis serio— de qué recursos dispone el Servicio Exterior para ejecutar las políticas públicas que establece el Gobierno. Y los funcionarios de los distintos ministerios estaríamos encantados de colaborar en su elaboración y en una asignación eficiente de los recursos necesarios».
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La crítica coincide con la visión de Fedeca, que subraya la ausencia total de informes sobre medios humanos y materiales en el exterior, a pesar de que la ley lo exige desde hace una década. Su presidenta, Ana Ercoreca, afirmó que «se está ignorando la realidad laboral, social y emocional de quienes sostienen el servicio exterior», al tiempo que recordó que desde Fedeca trabajan »por y para los derechos de los ciudadanos que se encuentran en el exterior». En este sentido, advirtió que el salto demográfico —de 900.000 españoles en el extranjero en 2000 a más de tres millones hoy— ha multiplicado la carga de trabajo «por cuatro». «Es obligación de las administraciones realizar una evaluación de riesgos psicosociales también para el personal funcionario. La legislación española no está teniendo en cuenta la especificidad del trabajo en el exterior y eso está generando desigualdad, discriminación y deseficiencias», apuntó.
Desprotección en el extranjero
Ercoreca detalló ejemplos dramáticos: permisos por fallecimiento que no contemplan 12 horas de vuelo desde Buenos Aires; indemnizaciones congeladas mientras las familias afrontan sistemas educativos extranjeros costosos o inaccesibles; cónyuges sin cobertura suficiente; o trabajadores desplazados sin las protecciones que sí reconoce la normativa europea. «Lo que pedimos es igualdad de condiciones respecto al personal extranjero que trabaja en España, y también igualdad en materia de condiciones laborales para nuestros funcionarios», insistió.
Y añadió otra situación a tener en cuenta: la protección de trabajadores españoles vulnerables o expuestos en el extranjero —desde quienes viven en economías informales hasta los afectados por conflictos o desastres naturales— así como la asistencia a turistas en situaciones críticas. Por todo ello, afirmó que hoy han «echado de menos a las autoridades del Ministerio de Exteriores».
Fedeca insistió en que la red consular afronta retrasos estructurales, saturación, precariedad material y desigualdades en el acceso a servicios esenciales, incluido el apoyo en emergencias y la promoción de empresas españolas en el exterior.
Fuentes consultadas por ABC destacan que la ausencia de un representante del Ministerio señala un problema todavía mayor: la distancia entre el discurso oficial sobre el papel global de España y la realidad de unos consulados desbordados: «En un contexto internacional convulso e inestable, la inacción e indiferencia por parte de Albares en cuestiones tan importantes como éstas, se interpreta como una renuncia estratégica».