La Fiscalía Europea deja en manos de la Audiencia Nacional la causa de las mascarillas de Baleares y Canarias vinculadas a 'Koldo'
La Fiscalía Europea han propuesto remitir su investigación sobre la adjudicación de las mascarillas a los gobiernos de las islas Baleares y Canarias -cuando Francina Armengol y Ángel Luis Torres estaban al frente de ambas comunidades- a la Audiencia Nacional, como planteó en un inicio el magistrado que instruye la trama Koldo.
Así lo han acordado las fiscales comunitarias basándose en la resolución del Tribunal Supremo en la que se establece que la Fiscalía Europea no es competente en este momento puesto que no existe suficientes indicios de un daño directo a los intereses europeos.
De esta manera, la Fiscalía Europea remitirá las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Koldo, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
"No podemos continuar la investigación respecto de los contratos adjudicados por los Servicios de Salud de las Islas Canarias y Baleares. La Fiscalía Europea había previamente establecido la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea cuando inició su investigación por cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y malversación de fondos europeos. Sin embargo, esta conclusión no ha sido respaldada por el Tribunal Supremo", razona.
El Tribunal Supremo, autoridad a cargo para resolver la atribución de competencia en estos conflictos, concluyó que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar esos hechos porque los intereses financieros de la Unión Europea no estaban afectados.
Además, el Alto Tribunal estableció que el Juzgado Central de Instrucción número 2 tiene competencia para investigar los contratos adjudicados por los servicios de salud de las Islas Baleares y las Islas Canarias. El Ministerio Público comunitario da la razón ahora a las autoridades judiciales nacionales.
"En este momento, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales están también siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción, una investigación que no solo abarca los contratos por los que se incoó el procedimiento sino también los contratos que eran objeto de la investigación de la Fiscalía Europea antes del Auto del Tribunal Supremo".
Y añade: "En este contexto, insistir en mantener la competencia de la Fiscalía Europea sobre un posible delito que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea significaría mantener una investigación separada y paralela respecto de los mismos hechos con graves consecuencias adversas para la investigación".
El pasado mes de junio, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Fiscalía Europea asumiera toda la investigación abierta sobre varios contratos públicos de mascarillas en plena pandemia y solicitó a la Audiencia Nacional que elevara el caso al Tribunal Supremo para que decida quién se quedaba la causa. El fiscal Luis Pastor señalaba entonces que se trataba de comportamientos que "afectan directa y esencialmente a intereses nacionales" y que la Fiscalía Europea tiene como "principal finalidad y cometido" la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, respecto de los que "no hay indicios de que se hayan visto perjudicados".