A diferencia de García Ortiz, Pilar Rodríguez sí ha respondido a las preguntas del juez y ha señalado que no envió datos de González Amador fuera de la Fiscalía así como que «muchas personas» tenían acceso al expediente fiscal de González Amador.
Rodríguez ha apoyado su defensa en un escrito de su número dos, el teniente fiscal de la Provincial José Luis García-Juanes, que el pasado 5 de diciembre comunicó a la Abogacía del Estado en respuesta a un requerimiento de ésta que alrededor de 500 personas tuvieron acceso a las diligencias de investigación preprocesales en las que se investigaba a González Amador.
El teniente fiscal dijo que esas diligencias fueron escaneadas y «dado que tenían un excesivo volumen (o peso) para su remisión por mail, fueron cargadas en una carpeta compartida de la web de la Fiscalía Provincial de Madrid llamada 'Guardia' a la que tenían acceso 499 personas (entre fiscales y funcionarios)».La imputada ha enmarcado su actuación en la dación de cuentas del artículo 25 del Estatuto Fiscal que obliga a los fiscales a informar a su superior jerárquico.
En el auto en el que Hurtado citó a Rodríguez a declarar como imputada, el magistrado le reprocha de forma indiciaria haberse puesto a disposición del fiscal general para facilitar al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, el también imputado Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador que «acaba filtrándose el 12 de marzo» en El Diario.es (la información sobre la investigación abierta al novio de Ayuso) y también por prestarse a hacer llegar el correo entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en el que el primero reconocía dos delitos fiscales para evitar ir a juicio, pese a ser «conocer la finalidad que se perseguía con ello».
La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue la persona a la que recurrió García Ortiz cuando la fiscal superior, Almudena Lastra, declinó la tarde del 13 de marzo recopilar los correos que se intercambiaron el fiscal de delitos económicos y el abogado de González Amador al no verlo necesario. Tras el rechazo de Lastra, García Ortiz contactó con Rodríguez y ella a su vez con el fiscal del caso (Salto), que estaba en un partido de fútbol. Pese a que Lastra trasladó que la recopilación de la información no era urgente, Rodríguez sacó al fiscal del evento para que le enviara los mails solicitados. El lo hizo e inmediatamente después Rodríguez lo envió al correo particular de García Ortiz por expresa indicación de éste. Cuando le contó a Lastra lo que había hecho, esta le dijo, según su propia declaración, «¿Para qué le pasas los correos? Los va a filtrar», en referencia al fiscal general. Al poco tiempo de tener los correos ya en su poder, su contenido apareció en la Cadena Ser, a las 23.51 horas.
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El análisis del móvil de Rodríguez, que a diferencia de Ortiz no borró los mensajes y que fue incautado por la UCO en el registro del 30 de octubre, desvela que esta imputada participó activamente en la recopilación del famoso correo que García Ortiz le instaba a tener cuanto antes «para cerrar el círculo», en palabras del propia fiscal general. También que conocía el contenido de la nota informativa en la que se hacía una cronología de los hechos revelando datos confidenciales de las comunicaciones entre fiscal y abogado. Se la remitió el propio García Ortiz a las 00.12 horas. Tras ver el escrito con la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso. Rodríguez comunicó a García Ortiz que a las dos les parecía bien. «Las dos pensamos que está perfecta, aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro», se lee en su whatsapp.