Ortiz desafía al Supremo e impone a Delgado en Memoria Democrática

Frente a estos cinco consejeros (el fiscal general es uno de ellos), otros siete -seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y el de APIF- no participaron en la votación al considerar que la ejecución de la sentencia del Supremo que anuló este nombramiento hace dos meses no se estaba llevando a cabo en los términos en los que lo ordenó el Alto Tribunal. La Sala Tercera dejó claro que es el Consejo Fiscal como órgano el que tenía que valorar esa posible incompatibilidad y hacerlo sobre la base de una documentación que en este caso la mayoría de los vocales que lo componen consideraron «absolutamente insuficiente».

Así se lo hicieron saber los seis vocales de la AF a García Ortiz cuando en su turno de palabra cuestionaron el expediente de compatibilidad elaborado por la Inspección Fiscal. Fuentes de esta asociación aseguraron a ABC que este expediente se limitaba a incorporar dos de las tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, el acta del Pleno de 8 de junio de 2023 (en el que fue nombrada Delgado por primera vez para este puesto) y las alegaciones y documentos aportados por la propia Delgado sin que la inspección haya comprobado si realmente se da el «presupuesto ofrecido por el vínculo familiar y por la naturaleza de la actividad mercantil».

Ante la imposibilidad de decidir con esa «insuficiente documentación», los vocales de la AF pidieron que se completara el expediente mediante la incorporación de documentación registral y oficial relativa a la actividad y cargos de la fundación de Garzón (Figbar) y la actividad material de su despacho (Ilocad). Pero García Ortiz consideró el expediente «suficientemente completo» y se aferró a que el Supremo pidió «agilidad» en la decisión obviando que el Alto Tribunal también impuso que ese estudio sobre la posible incompatibilidad de Delgado se llevara a cabo con «todas las garantías» y, en especial, «con la motivación necesaria». Ante el desarrollo de los acontecimientos, los seis vocales, a los que se unió el de la APIF, Salvador Viada, optaron por no votar.

Pero eso no fue todo. Según manifiestan fuentes de la AF, pese a que no estaba incluido en el orden del día, el fiscal general introdujo en el Pleno una nueva ronda de informes de los vocales que, una vez «salvado» el escollo de la incompatibilidad, sirviera de sustento a la designación de fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Fue tras esta ronda cuando García Ortiz anunció que propondrá de nuevo a Delgado. Y lo hizo con el apoyo de los mismos cuatro vocales que momentos antes no habían apreciado incompatibilidad. Además de los dos de la UPF, están la jefa de Inspección, María Antonia Sanz, y la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, en quien García Ortiz ha confiado la resolución de las últimas polémicas que ha protagonizado la Fiscalía: desde el informe en el que, en contra del criterio de la Junta de Fiscales, ella no vio terrorismo en Tsunami ni necesidad de investigar a Puigdemont (con el consiguiente rapapolvo de la Sala Segunda) o el más reciente a favor de la aplicación de la amnistía sin excepciones en contra del criterio de los cuatro fiscales del 'procés'. Su criterio también fue enmendado por la Sala Segunda.

Los consejeros de la mayoritaria AF denuncian que el Pleno del Consejo Fiscal se «ha concebido y desarrollado como la cobertura de un formal cumplimiento» de las sentencias del Tribunal Supremo, «carente de rigor jurídico y sin otra finalidad o resultado posible que la reiteración» de la propuesta de Delgado como fiscal de Sala.

Tanta agilidad quiso dar el fiscal general a este nombramiento que al comienzo de la reunión declinó tramitar las recusaciones que la propia Delgado había promovido contra tres de los consejeros contra Viada (APIF) y dos de los seis de la AF (Beatriz Sánchez y Miguel Rodríguez). Al primero lo recusó por «enemistad» hacia ella. A Rodríguez porque como miembro de la anterior ejecutiva de la AF suscribió duros comunicados hacia ella siendo ella fiscal general; y a Sánchez porque su marido ejerce en la misma circunscripción que la propia vocal de la AF. Aunque fuentes del Consejo Fiscal creen que ninguna de ellas tenía visos de prosperar, García Ortiz ha justificado la no tramitación en que el Supremo ordenó retrotraer las actuaciones del Consejo Fiscal al momento inmediatamente anterior al comienzo de la sesión del 8 de junio de 2023, en la que el fiscal general propuso a Delgado para este puesto. En ese momento no había nadie recusado y la composición del Consejo estaba intacta con sus doce vocales: nueve elegidos por la carrera y tres natos: la jefa de inspección, la teniente fiscal y el propio García Ortiz. Fue en ese momento en el que los fiscales de la AF pidieron que se retrasara el pleno para estudiar la posible incompatibilidad de Delgado y se les negó esa posibilidad. Y lo mismo ha vuelto a suceder ayer.

En su sentencia, los magistrados señalaron que, a diferencia de lo que sucedió en el también anulado nombramiento de Delgado como fiscal de Sala Togada del Supremo -en el que apreció «desviación de poder»-, «aquí no ha habido ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de aquellos para cuya satisfacción el legislador las concede a los poderes públicos. Simplemente se han incumplido unos preceptos legales en el procedimiento de provisión de una Fiscalía de Sala».

El artículo 58 del estatuto prohíbe a los miembros del Ministerio Fiscal ejercer sus cargos «en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

En este caso, Delgado es la mujer de Garzón, quien está al frente de un despacho jurídico y de una fundación, Fibgar, cuya misión es «combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal». La especialización del despacho y de la fundación «coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía «para la que ha sido nombrada Delgado», dijo el TS.

Para la Sala no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses para estudiar esa causa de prohibición sino que lo relevante es el hecho de que ese conflicto pueda existir.