El fiscal pide que Puigdemont, Junqueras y Mas paguen por el 1-O y la promoción del procés a pesar de la ley de amnistía>

El representante del órgano fiscalizador ante el Tribunal de Cuentas ha presentado su informe de conclusiones -igual que hizo la semana pasada la entidad demandante Sociedad Civil Catalana- en el que insiste en que los políticos independentistas deben responder económicamente por el uso irregular de esos fondos a pesar de que la ley de amnistía registrada en el Congreso por el PSOE especifica que también se anulará el alcance contable del procés.

Martín Granizo señala como «presuntos responsables contables directos de los daños a Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva», expresidentes, ex vicepresidente y exconsejeros, respectivamente, de la Generalitat. Cifra en tres millones el alcance de los fondos de la Generalitat no previstos en la ley e insiste en que «lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales y responsabilizarse de que los fondos públicos no se destinaran a sufragar actividades cuya finalidad estaba dirigida a expandir y buscar apoyo internacional para el proceso secesionista, la autodeterminación y la idea del referéndum, participaron activamente en la consecución de dichos objetivos, a los que contribuyeron e impulsaron en el ejercicio de su cargo».

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