El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico
El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Kevin Castel condenó este miércoles a 45 años de prisión en EEUU al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), después de que el pasado mes de marzo, los 12 miembros de un jurado lo declararan culpable de los tres delitos que le imputó la Fiscalía que pedía para él cadena perpetua por conspirar para traficar con drogas y armas y portar armas para importar cocaína.
No obstante, Hernández se ha librado de la cadena perpetua, que es la máxima pena contemplada en los delitos de conspirar para importar cocaína, usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos para introducir droga y conspirar para usar y portar ametralladoras para la importación de droga.
Así, el ex mandatario se enfrentaba a una mínima condena de 40 años de prisión y una máxima de una triple cadena perpetua, si bien finalmente el juez resolvió condenarle a 45 años de cárcel y cinco años más de libertad condicional durante una audiencia celebrada esta mañana en la Gran Manzana de Nueva York a la que acudió Hernández acompañado de sus abogados.
Durante su lectura de la sentencia, el juez pidió al ex presidente que se levantara y le recordó que "debe cumplir con las leyes de inmigración de EEUU". A partir de ahora, quien gobernara Honduras durante dos periodos presidenciales, permanecerá en una celda de una prisión de EEUU de máxima o mediana seguridad, si bien Hernández ha pedido cumplir la condena en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, en la que se encuentra desde que fue extraditado el 21 de abril de 2022 desde Honduras.
En los días previos a la lectura de la sentencia, los abogados de Hernández habían solicitado en una carta una condena mínima de 40 años ante el temor de que lo condenaran a cadena perpetua. En ese sentido, uno de sus defensores, Renato C. Stabile, argumentó que una condena a 40 años también equivale a cadena perpetua, teniendo en cuenta que su cliente tiene 55 años. Asimismo, la esposa de Hernández, Ana García Castel, envió una carta al juez para que reconsidera su decisión, al tiempo que insistió en la inocencia del expresidente.
Además de solicitar la cadena perpetua, la Fiscalía de EEUU había pedido que se decomisara a Hernández 15,5 millones de dólares, así como el pago de una multa máxima de 10 millones de dólares.
A partir de ahora, la defensa y la Fiscalía tienen un plazo de 14 días para apelar la sentencia en caso de no compartir la resolución del juez, quien el 30 de marzo de 2021 condenó al hermano del ex presidente Juan Antonio 'Tony' Hernández a cadena perpetua más 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
Miles de gramos de cocaína
Durante el juicio, Hernández ha insistido en que es "inocente", pese a la acusación de la Fiscalía que sostuvo, en base a las declaraciones de varios narcotraficantes y ex narcotraficantes que declararon a cambio de una reducción de sus condenas o de un visado para vivir en EEUU que el ex mandatario "participó en una conspiración corrupta violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a EEUU".
Asimismo, la Fiscalía, que lo acusó de crear un "narcoestado", reveló que la actividad de tráfico de drogas de Hernández no se limitó únicamente a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política desde, al menos, el 2004, periodo durante el cual usó sus cargos públicos, "así como la Policía y el Ejército" para respaldar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros países, entre otras, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.
Entre los testigos, se encuentran el hijo del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), Fabio Lobo, condenado a 25 años de cárcel en EEUU por narcotráfico, el exlíder del cártel de Los Cachiros y ex policía nacional de Honduras, Mario Mejía Vargas, y el ex integrante del cártel de Sinaloa Murillo Monroy. Precisamente, los tres abogados de Hernández trataron de echar por tierra estos testimonios al asegurar que fueron falsos con la única intención de obtener beneficios y reducir sus condenas. Así, basaron su defensa técnica en recordar que cuando presidió Honduras, persiguió y extraditó a varios narcotraficantes a EEUU e incluso impulsó leyes para incautar sus bienes, por lo que enmarcaron los citados testimonios en una venganza personal.
Sin embargo, EEUU lo acusó de haber transportado "más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras" con destino a ese país, para lo cual "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares", según detalló en su día la Embajada de EEUU en Honduras. Concretamente, indicó que la droga se movilizó "por rutas aéreas y marítimas para transportarla desde el oeste de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente a los EEUU".
Asimismo, el 8 de febrero de 2021, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, en cuyo juicio, el fiscal indicó que el ex presidente pactó una alianza con el cártel hondureño de Los Cachiros para introducir miles de kilos de cocaína en EEUU a cambio de coimas y protección a los narcotraficantes empleando fuerzas de seguridad y los organismos policiales.
Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022, perdiendo así su inmunidad, lo que permitió su arresto y posterior encarcelamiento el 15 de febrero de ese año, un día después de que EEUU solicitara a Honduras su captura y extradición. El nombre del ex mandatario y sus vínculos con el narcotráfico surgieron a la luz en el proceso que se llevó a cabo contra su hermano Tony Hernández, quien fue condenado por un tribunal federal de Nueva York el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua por tráfico de cocaína a gran escala, dos años después de que fuera declarado culpable de enviar 185 toneladas de drogas a EEUU.
Tras ser sentenciado, Hernández se ha convertido en el presidente latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico, tras el dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989), quien fue condenado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por cargos de lavado de dinero y narcotráfico y acusado de tener conexiones con el cártel colombiano de Medellín, si bien luego se le redujo la pena a 30 años.