Según ha indicado la portavoz local del PP, Rosa Fuentes, el equipo de gobierno local socialista «pretende aprobar al margen del pleno municipal un acuerdo ilegal» para afrontar estas deudas «de manera absolutamente irregular y con el único objetivo de blindar jurídicamente a sus verdaderos responsables».
La concejal ha resaltado que el documento que ha dicho se pretende someter a votación «reconoce que la vía planteada no es legal ni viable, admite que la empresa municipal no cuenta con CIF y que es imposible recibir fondos públicos, además de prever informes jurídicos desfavorables y reparos de Intervención«.
Para Rosa Fuentes, «el alcalde pretende que la oposición avale un procedimiento que el propio equipo de gobierno admite públicamente que es ilegal, y todo para tapar su incapacidad para gestionar y pagar a proveedores», ha señalado. «Está muy claro que el objetivo no es resolver el problema, sino protegerse de futuras responsabilidades legales«, ha advertido Fuentes.
«El PP no va a participar en este juego que supondría dar un cheque en blanco al alcalde, que solo tiene una salida: dar un paso al lado y presentar su dimisión«. »No vamos a permanecer callados ante este atropello jurídico, que pone como excusa la situación de los acreedores de la empresa pública de suelo para justificar una ilegalidad manifiesta«, ha apuntado la portavoz.
Fuentes ha concluido preguntándose qué tiene que decir la dirección provincial del PSOE, que tiene al frente al actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández,«ante esta trampa del alcalde para eludir su responsabilidad legal y política, mientras los proveedores siguen sin cobrar».