La última reforma de las pensiones normalizó la inyección de recursos desde el presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, una maniobra que anteriormente se consideraba excepcional porque se entendía que eran las cotizaciones sociales las que tenían que financiar las pensiones contributivas, un objetivo que aún no se ha alcanzado pese a las sucesivas subidas de cotizaciones decididas por el Estado.
Esa transferencia de recursos por parte del Estado se incluirá dentro del incremento del techo de gasto no financiero del Estado que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que plantea una subida de nada menos que un 8,5% respecto a 2025, hasta los 212.026 millones de euros, 16.000 millones más que el año pasado. Montero ha calificado esta base presupuestaria de "expansiva y responsable", porque por una parte incrementa de forma sustancial la subida del 3,2% que se previó para el techo de gasto no financiero del Estado para este año 2025, pero por otra parte permitirá, al menos sobre el papel, cumplir con el objetivo de reducir el déficit desde el 2,5% con que se espera cerrar este ejercicio hasta el 2,1% comprometido con Bruselas.
Tendrá que ser la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la que avale ahora si esa subida del 8,5% en el techo de gasto es compatible con el incremento del 3,5% de la regla de gasto a la que España se ha comprometido con Bruselas y que marca el nuevo listón entre el cumplimiento o el incumplimiento de los objetivos fiscales del Reino de España para 2025.
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