El exilio venezolano pide libertad y justicia para sus presos políticos: "El silencio y la neutralidad son enemigos"
La oposición democrática venezolana mantiene el pulso en las calles de todo el mundo con dos motivos muy claros: presionar para que la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de captura contra Nicolás Maduro y para que el líder Edmundo González pueda tomar posesión el próximo 10 de enero.
Por estos dos motivos, los exiliados venezolanos en Madrid se han congregado esta mañana de domingo frente a la oficina del Parlamento Europeo. "Solicitamos a la Corte Penal Internacional y a los países que puedan ejercer el llamado a la Corte para que haya celeridad en la toma de decisiones en el caso de Venezuela", explica José Antonio Vega, Coordinador de Vente Venezuela y del Comando con Venezuela en España, en referencia a la decisión que debe tomar el fiscal Karim Khan contra el líder chavista. Esta semana es clave porque habrá una reunión en La Haya de los estados que forman parte de la CPI, subraya Vega, de ahí que "queremos pedir justicia, que se aceleren los tiempos porque es fundamental, el silencio y la neutralidad son enemigos de todas las personas que en este momento esperan que se abran las celdas en Venezuela". Unas prisiones que, según la ONG Foro Penal, albergan 1.903 presos políticos. La decisión de la Corte "revestiría un poder disuasorio importantísimo para quienes están perpetuando estos delitos en Venezuela, con lo cual los venezolanos pudieran elevar la presión interna", continúa el coordinador de Vente Venezuela, con la vista puesta en la toma de posesión del próximo 10 de enero.
Recientemente, este mismo órgano internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el líder de Hamas.
El lugar de la concentración en la capital ha sido elegido porque "hay convenidos, acuerdos, que ha suscrito la Unión Europea con la Corte Penal Internacional de fecha 2011 y 2006 que son vinculantes y nosotros aspiramos a que se reactiven", añade Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas exiliado en Madrid, quien ha detallado las pruebas que ya hay en contra del régimen de Maduro. "Sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y ha recrudecido esa persecución política postelectoral", según Ledezma. Además, el líder político venezolano ha apuntado que "en lo que va del año 2014 a la presente fecha, Maduro ha sido responsabilizado por la ejecución extrajudicial de más de 8.000 seres humanos, eso lo dijo el informe de Bachelet cuando fungía de alta comisionada de la ONU. Es responsable de la detención arbitraria como un patrón de conducta que él ejecuta de más de 17.700. También es responsable de la detención de más de 760 adolescentes, menores de edad". "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado que lo que se ejecuta en Venezuela es un terrorismo de Estado y frente a ese terrorismo de Estado tiene una palabra que decir el fiscal, nosotros esperamos que haya celeridad, se dicten medidas, que no haya impunidad", continúa.
Pese a todo, Ledezma guarda esperanza en la cuenta atrás para el 10-E porque "se ha ganado la batalla de las actas y ahora estamos ganando la batalla de reconocimiento". Así lo han hecho el G-7, EEUU, Italia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, no España. "Ha llegado el momento de que el Gobierno español valide la verdad que está en las actas", dice el ex alcalde.
El pintalabios rojo "como arma"
Los venezolanos protestarán hoy en más de 200 ciudades del mundo para que oigan su reclamo todas las instituciones y también lo harán en Venezuela. Allí la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- ha pedido que la gente se haga fotos con la mano pintada de rojo puesta en la boca y que las suban a las redes sociales. Un símbolo que se ha visto esta mañana en la capital española, junto a gritos de "libertad", "justicia ya" y "viva Venezuela libre". Mandando en la manifestación, un cartel con todos los rostros de los asesinados en las protestas, cuyos nombres se han leído en voz alta.
Entre los que se mancharon la cara, se encontraba Eugenia Olavarría, hija de Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado y una de los seis refugiados en la embajada argentina en Caracas, que lleva una semana bajo el asedio chavista. "Usamos esto como el único arma de la democracia, un pintalabios rojo, para aquellos que todavía se creen la gran mentira de que aquí somos criminales o terroristas. Vamos a ir hasta el final para buscar la justicia y la libertad de Venezuela", ha declarado ante los medios la joven de 25 años, que lleva en Europa desde 2017. "Yo me salí a tiempo, pero mi hermano y mi padre tuvieron que escaparse de una manera poco fácil. Somos una familia más de venezolanos que ha tenido que huir", explica Olavarría, que asegura que habla de manera cotidiana con su madre y que está en "estado de ansiedad constante". "Rodean la embajada, arrancaron los fusiles de electricidad, están cortando el agua potable, la lista de microagresiones se acumula en un estado de inseguridad que los venezolanos normalizamos por la sumisión a este régimen abusador y criminal", denuncia la hija de la 'número dos' de Machado.
Olavarría denuncia que su madre ha sido acusada de "terrorista, de traición a la patria, pero lo único que ella ha hecho es recordarle a los ciudadanos sus derechos electorales y hacer que se defienda el voto de manera acorde con las reglas electorales".
Menos suerte tiene Santiago, el hijo de Perkins Rocha, quien fuera abogado de Machado y que hoy está preso. "Mi papá sigue en un estado de desaparición forzada, igual que todos los detenidos injustamente en El Helicoide desde el 28 de julio", ha dicho hoy en la concentración frente a la sede madrileña del Parlamento Europeo. El joven se muestra preocupado porque "no hay ningún tipo de comunicación" con su padre, ya que está "totalmente aislado". "Temo por la seguridad de mi papá y por todos los que están detenidos en Venezuela", sigue explicando y termina con un deseo: "Quiero la liberación de todos los presos políticos porque hasta que no estén liberados todos, no podremos avanzar como país y Venezuela no podrá ser libre".
María Laura Márquez es otra de los familiares de prisioneros hoy por el chavismo que ha acudido a la protesta madrileña. Ella es sobrina de Dignora Hernández, diputada de Vente Venezuela. "Tiene 256 días presa en El Helicoide. Se le han permitido algunas visitas, pero nos preocupa su estado de salud ya que ella padece de hipertensión y procesos alérgicos graves", manifiesta. "Nos preocupa que pueda tener algún episodio de asfixia si no es tratada con el medicamento a tiempo y trasladada a algún centro de salud donde la puedan asistir", apostilla Márquez.
Con la cuenta atrás para la toma de posesión del 10 -E, la oposición intenta resistir dentro y fuera de las fronteras del país petrolero mientras el chavismo recrudece su estrategia de hostigamiento. La Fiscalía acusa a María Corina Machado de "traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir" y cerca al equipo y familiares de la líder opositora con el único objetivo de forzar su exilio. Los seis colaboradores próximo a Machado que se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas siguen bajo el asedio una semana después. Un acoso que ha llegado a la casa de su madre, Corina Parisca, de 84 años.
Mientras tanto, EEUU eleva su presión con la Ley Bolívar, que trata de impedir lazos con el chavismo. Una medida que ha tenido respuesta por parte de Maduro con el lanzamiento de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida contra aquellos que apoyen iniciativas contra su Gobierno.
El próximo 10 de enero debe tomar posesión el vencedor de los comicios del 28-J. El Tribunal Supremo de Venezuela proclamó presidente a Nicolás Maduro, pero sin mostrar las actas. La oposición publicó todas las actas que pudo recabar en una web con las que se certifica que el vencedor fue Edmundo González. El ex diplomático aseguró recientemente que quiere volver a Caracas para ese día y tomar posesión.