El apagón agita la política energética: tensión con la nuclear y vuelta del gas
El sector eléctrico teme que se deba reformar la manera de operar el sistema, y se tenga que invertir más en planes antiapagones
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España paga 32 millones por un laudo a las renovables por primera vez en la historia
En concreto, según ha podido conocer ABC en fuentes implicadas, el Gobierno ha satisfecho íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation por un valor de 23 millones de euros más los intereses de demora. Una cifra que se sitúa en los 32 millones, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
La decisión de proceder al pago de la condena dictada por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial supone un punto de inflexión, en la medida en que pone fin a años de bloqueo y abre la puerta a una dinámica más constructiva entre España y los acreedores.
El laudo, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por parte del bufete Gibson Dunn, que presentó la debida documentación para acreditar que la sentencia no había sido cumplida. El caso en España lo llevo Cuatrecasas.
El registro del laudo podría haber abierto la puerta al embargo de bienes del país, pero el acuerdo alcanzado entre las partes evitará tal escenario y pone fin a la disputa.
Este avance en el cumplimiento de los laudos llega tras una larga disputa judicial que ha enfrentado a decenas de inversores internacionales afectados por los cambios normativos que alteraron de forma arbitraria y abrupta los incentivos ofrecidos a empresas y fondos que inyectaron más de 70.000 millones de euros en España para desarrollar proyectos de energías renovables.
Una larga disputa
Sobre este laudo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aclaran a este medio que «el importe del laudo de JGC, cedido al fondo norteamericano Blaskett, se quedó consignado en Bélgica en 2024, tras un embargo de los derechos de crédito relativos a Eurocontrol que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas. España, tras obtener la aprobación de la Comisión Europea, ha negociado con Blaskett para poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor del caso, mediante el cobro de la cuantía depositada en Bélgica, de 32 millones de euros».
Sobre esta situación, desde el ministerio energético recuerdan que «el número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no miembros de la UE contra España sólo representan un 5% del total y, de acuerdo con la doctrina del TJUE, no tienen cabida en el derecho de la UE, de modo que la satisfacción de los laudos no supone una Ayuda de Estado ilegal».
En este sentido, sostiene que España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE.