El Gobierno fractura la negociación colectiva al blindar los convenios vascos sobre los estatales>

«Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras vascas , y también de las personas trabajadoras del resto del Estado», asegura el portavoz del Grupo vasco, Aitor Esteban, tras la concesión del Gobierno, que implicará la modificación del Estatuto de los Trabajadores y entrará en vigor de forma inmediata. El pacto alcanzado con el PNV limita los cambios que puedan introducir sindicatos y patronales a nivel autonómico. En primer lugar, cualquier modificación respecto del convenio sectorial tiene que mejorar las condiciones de los trabajadores. Y, en segundo lugar, no podrán abordar ninguna de las siguientes materias: periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual de trabajo, régimen disciplinario, normas mínimas en prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica.

La peculiaridad del nuevo acuerdo es que fue negado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al grupo vasco en 2021, cuando se negoció la reforma laboral, lo que provocó el voto en contra del PNV a los cambios laborales. No lo lograron en esa ocasión, pero la reivindicación siempre ha estado ahí, cuando se tramitaban otras leyes o iniciativas, aunque sin éxito, hasta que Pedro Sánchez ha necesitado apoyo para su investidura y el nacionalismo vasco ha pasado la factura. Sus cinco escaños fueron determinantes para que se instalara otros cuatro años en La Moncloa.

Los cambios en la negociación colectiva se llevan adelante, por tanto, a espaldas de empresarios y sindicatos, y en un momento muy delicado en las relaciones, especialmente con las empresas, tras la campaña de desprestigio y de la espiral de costes y subida de impuestos tomadas sin previo aviso en la mayoría de los casos. El portazo de Pedro Sánchez al diálogo social ha acentuado el clima de desconfianza y erosionado las posibilidades de llegar a acuerdos con el Gobierno. Y la batalla está servida a cuento de la agenda reformista que prepara Yolanda Díaz y que incluye materias como el encarecimiento del despido, reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de sueldo y nuevas reglas para medir la representatividad empresarial están en la parrilla de salida.

Como ya informó ABC, desde que en 2021 se aprobó la reforma laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha modificado el marco laboral hasta en 25 ocasiones. Y esos cambios se han acometido sin pasar por el diálogo social, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de estas modificaciones. La organización empresarial planteó la posibilidad de realizar una queja formal ante Bruselas. Así lo comunicó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a su junta directiva después de analizar la más de una veintena de cambios que la patronal entiende que desvirtúan lo que el Gobierno pactó con las autoridades comunitarias.

El 'modus operandi' ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' en el Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', la 'ley Trans' o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con empresarios y sindicatos.