Alerta derrama: el 40% de los ascensores de España tienen más de 30 años y el Gobierno calcula que hacen falta invertir 700 millones para renovarlos
En España, hay 400.000 ascensores con más de 30 años, una cifra que supone alrededor del 40% del parque total instalado en los hogares españoles y que van necesitando crecientes revisiones por cuestiones de seguridad. Ahora el Gobierno ha dado un paso más con la aprobación de una nueva ITC que eleva los requisitos para instalar y mantener un ascensor.
¿Qué es una ITC? Son las siglas de Instrucción Técnica Complementaria, un mecanismo normativo que establece el marco para algunas actividades y cuya revisión en este caso llevaba años en negociación y arroja una factura clara: 100 millones anuales extras para el sector... que sufragarán los hogares españoles que tengan que acometer renovaciones.
Son los cálculos del propio Gobierno que estima que, tras la aprobación de esta normativa se invertirán más de 700 millones de euros en siete años para modernizar los elevadores de numerosas comunidades de vecinos.
Los cambios de la normativa llevan años fraguándose y abarcan distintos campos: uno de ellos es la necesidad de implementar mayores niveles de protección contra el cierre de puertas automáticas. Así, en vez del tradicional sensor situado en un punto determinado de la puerta, la nueva normativa obliga a instalar barreras fotoelectrónicas que detectan cualquier entrada o salida independientemente de la altura, una medida que protege especialmente a niños y mascotas.
Otras medidas obligatorias incluyen la instalación de nuevos sistemas de comunicación en las cabinas para casos de atrapamiento, así como la instalación obligatoria de sistemas para alertar de la sobrecarga del ascensor. En líneas generales, las comunidades tendrán un año para instalar estos avances tecnológicos
"Vamos a tener ascensores mucho más seguros para el usuario y, por lo tanto, una vez estén adaptados a la nueva normativa todos los equipos, se producirá una reducción significativa de accidentes", explica el consejero delegado de Fain, Rafael Fernández, una de las empresas históricas del sector.
MÁS EMPLEOS
Más allá del aumento de seguridad, la medida parece traer evidentes impactos económicos para el sector de los ascensores. De acuerdo a los datos de FEEDA, la patronal que aglutina al 80% de las compañías dedicadas a esta actividad, sus miembros facturaron una cantidad conjunta de 3.354 millones de euros, lo que supone un aumento de los ingresos de casi el 4%, pese a la caída en la construcción de nuevas viviendas (cuyo impacto se traslada al sector por la falta de necesidad de instalar ascensores en ellas).
Por otro lado, los empleos generados por el sector se mantuvieron estables en torno a los 20.000 trabajadores, una cifra que podría aumentar ahora dado el mayor volumen de carga que asumirán estas compañías, como señala el propio Fernández: "Tenemos que ajustar plantillas incrementando efectivos, formarles y ajustar las herramientas digitales para adaptarla a los requerimientos de la norma", asegura el directivo sobre el impacto de la normativa, un proceso que lleva meses trabajando en base a los borradores que ha ido publicando el Gobierno.
Un discurso menos optimista transmiten desde sindicatos como UGT FICA, que han visto como la mayoría de sus reclamaciones como establecer ratios de número de ascensores por operarios o un mayor control sobre el cumplimiento de los requisitos fijados en los contratos públicos han caído en saco roto, pero reconocen las mejoras en algunos campos como el mayor control sobre las revisiones.