El juego sucio de Sánchez y Ábalos: así se «jodió» el poder de Susana Díaz en el PSOE andaluz
El ex 'número dos' del PSOE, por encargo del presidente, maniobró para apartarla como líder del partido en Andalucía
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Cuatro delitos que suman hasta 22 años de cárcel, el futuro penal de Ábalos
Avanza la investigación abierta por el Tribunal Supremo contra él en noviembre por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Delitos por los que, sumadas sus penas máximas, alcanzarían los 22 años de prisión en caso de llegar a juicio y recibir sentencia condenatoria, puesto que el primero tiene una pena máxima de ocho años; el segundo, de seis; el tercero, de dos y el último, de seis.
La instrucción, que en un primer momento se circunscribía a los contratos del Covid concedidos por su Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, de Víctor de Aldama, y a si pudo haber contraprestación ilegal tanto para Ábalos como para su asesor, Koldo García, en formato de pagos en efectivo o en especie por la concesión de dichos contratos, lejos de archivarse, se bifurca en nuevas líneas de investigación.
El magistrado del Alto Tribunal Leopoldo Puente investiga la contratación de dos mujeres vinculadas a Ábalos, su expareja Jessica Rodríguez y Miss Asturias 2017, en las empresas públicas Ineco (dependiente de Transportes), Tragsatec (de Agricultura) y LogiRail (filial de Renfe), entre 2019 y 2021.
Recientemente también se confirmó que el posible amaño de adjudicaciones de obra pública de la Dirección General de Carreteras por parte de Ábalos y de su asesor, Koldo García, para llevarse a cambio una mordida de entre un 1 y un 1,5 por ciento de esos contratos, según afirmó Aldama en sede judicial, son objeto de investigación. El juez da credibilidad a la versión del empresario y comisionista investigado después de que un informe pericial confirmase que notas al margen de un listado de licitaciones en manos de Aldama eran de Koldo García.
El juez pide un informe patrimonial sobre Ábalos y su hijo y cita como testigo al jefe de gabinete de Montero
Leopoldo Puente pide información sobre los bienes inmuebles, vehículos y cuentas de ambos, así como su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes
El juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero un informe sobre el patrimonio no sólo de Ábalos, sino también de su hijo, Víctor Ábalos, a quien ya tomó declaración como testigo. Un hecho que, según fuentes jurídicas consultadas, preocupa especialmente al diputado.
No puede salir de España
El instructor aclaró que la investigación sobre las cuentas del político se remonta a 2014 precisamente para comprobar si su patrimonio se elevó tras conocer al comisionista Víctor de Aldama, igual que acreditó la Guardia Civil que habría ocurrido con su asesor Koldo García en la causa que se instruye contra él y el resto de investigados no aforados en la Audiencia Nacional.
«Resulta en todo preciso también extender estas pesquisas hasta varios años antes de que el Sr. Ábalos entrara en conocimiento y relación con el Sr. de Aldama, y con el propio Sr. García Izaguirre, tal como se interesa, -desde el día 1 de enero de 2014-, en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios significativos en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente del Sr. de Aldama, tal y como éste sostiene con una razonable corroboración indiciaria que resulta de los extremos ya consignados», afirmó el magistrado Puente en un auto de abril.
Ábalos no puede salir de España y tiene retirado el pasaporte, como medidas cautelares, así como está obligado a comparecer quincenalmente en un juzgado, aunque se le permitió que sea en la Comunidad Valenciana.
La investigación contra él ha arrastrado ya a la expresidenta de Renfe, Isabel Pardo de Vera, contra quien el juez ve indicios para que la impute la Audiencia Nacional. También a Carlos Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe y exjefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y de la exministra de Industria, Reyes Maroto, quienes han sido citado como testigos en la causa.