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Junts, a la espera del nuevo interlocutor y con sus exigencias aplazadas a septiembre
El líder de Junts, Carles Puigdemont, también espera la amnistía efectiva desde Bélgica y esta semana ha recibido un nuevo varapalo de la Justicia europea. La Comisión ha cuestionado que la ley –hecha a medida de los independentistas– respondiera a un «objetivo de interés general», que es el argumento esgrimido en todo momento desde la Moncloa. El mismo que ha utilizado el Tribunal Constitucional para avalarla, rechazando tener que esperar al pronunciamiento del tribunal europeo. El Gobierno está convencido de tener asegurado el apoyo de Junts el resto de la legislatura, dure lo que dure, por esta situación que atraviesa Puigdemont, por mucho que le haga sufrir en votaciones y semana a semana.
El otro gran asunto pendiente es designar, como muy tarde a la vuelta del verano, al nuevo interlocutor que se encargará a partir de ahora de las negociaciones, teniendo en cuenta que era el papel que desempañaba Santos Cerdán, hoy en prisión por la trama corrupta que afecta al PSOE. En este momento la única persona de confianza que habla con el líder de Junts sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene conversaciones de vez en cuando y que sirve de termómetro para conocer el estado de la relación entre el partido y el Gobierno. Pero los de Puigdemont ya han dejado claro que necesitan un negociador que esté en el día a día, que tenga interlocución directa con el presidente, presencia en el Congreso y en el Gobierno y que pueda dar garantías de que lo que se pacte se cumplirá.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en seguir haciendo gestos, a pesar de que por ahora son solo eso. El viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había vuelto a elevar la oficialidad del catalán a la Comisión de Asuntos Generales de la UE, aun sabiendo que no tenía apoyos ni avances desde la última vez. De hecho, el debate terminó retirándose del orden del día –el paso habitual cuando no se vota porque no va a contar con unanimidad–.
El Ejecutivo no quería escenificar otra derrota y evitó llevarlo hasta el final, pero sí envió un guiño contundente a Junts: que hace todo lo que está en su mano por cumplir y por defender una de las carpetas más importantes para los independentistas: la lengua en Europa. Hace unas semanas el PP se volcó para frenar los avances que Albares había conseguido con algunos países a cambio de concesiones que nada tenían que ver. Al final se descubrió que el Gobierno está muy lejos de lograrlo.
Lo que también queda pendiente para el nuevo curso es la cesión de competencias migratorias que Junts firmó con el PSOE para que los Mossos controlaran las fronteras de Cataluña. Fue la contrapartida para que los de Puigdemont salvaran dos reales decretos leyes al Gobierno. La tramitación parlamentaria es complicada por las posiciones políticas de Junts, que también ha endurecido mucho su discurso migratorio, en gran medida por la fuerte competencia que tiene con Aliança Catalana, una fuerza cuya intención de voto no deja de crecer en las encuestas. En Cataluña la inmigración ya es un factor que influye decisivamente en el voto como se vio en las últimas elecciones: irrumpió esta nueva fuerza, creció el PP con un discurso muy duro y Vox consiguió mantenerse.