Hoy, el parque público español representa apenas el 2,5% del total, frente al 9% de media en la UE. Esa carencia está detrás de la hipertrofia de los precios del alquiler, la expulsión de residentes de sus barrios y el retraso crónico en la emancipación juvenil. Las normas represivas del Estado lo único que consiguen es que más pisos se inscriban en Airbnb o prefieran salir del mercado, en vez de crear un 'alquiler social incentivado' que les resultara igual de seguro y atractivo. Los controles de precios, ya se sabía, terminan por retraer la oferta o degradar el parque existente.
Además, esta crisis afecta ya al corazón del funcionamiento económico. Las empresas tienen dificultades para contratar en las grandes ciudades porque sus salarios no alcanzan para vivir en ellas. La falta de movilidad interregional, favorecida por el desarrollo del estado autonómico, resta eficiencia al mercado laboral. La presión sobre los sueldos alimenta tensiones inflacionistas persistentes. La desigualdad se territorializa, creando barrios cerrados por renta.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 habla de ampliar el parque social. Es un mero enunciado, dependiente de las comunidades autónomas y sin blindaje jurídico suficiente. Si no se apuesta de forma decidida por la construcción y gestión de vivienda para alquiler social, España seguirá atrapada en un bucle de emergencia habitacional crónica. Pero nadie parece dispuesto a comprometerse con esta política, pese a que hay buenos ejemplos, como las promotoras sin fines de lucro de Viena. Se mantiene, en cambio, una ambigüedad especulativa por parte del mismo poder político que no hace más que recalentar la demanda con sus medidas de urgencia.
Invertir en alquiler social es lo mínimo que se puede hacer para ayudar a las nuevas generaciones a acceder a una vivienda. No se trata de intervenir el mercado, sino de corregir un fallo estructural. Porque sin acceso a la vivienda, no hay crecimiento, ni estabilidad social, ni país posible. jmuller@abc.es