La Junta defiende la contratación «legal y excepcional» de médicos sin MIR>

Para ello, Castilla y León tira de una fórmula que se permitió durante la pandemia, donde la necesidad era aún más acuciante que ahora, al incorporar a sanitarios sin la formación especializada convencidos de que la ley lo ampara. La mayor parte de profesionales de este tipo en Sacyl son extracomunitarios a la espera de que el Ministerio homologue su título para poder ejercer, un proceso que desde la Junta se pide agilizar, ya que actualmente puede demorarse hasta dos años.

«¿Es la mejor de las opciones?: Lo mejor sería contratar médicos con especialidad. ¿Los hay?: No», apuntaba ayer firme el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, respecto a la «solución», que además de esas 235 contrataciones a médicos sin el MIR incluye prorrogar el servicio activo a otros 231 y la jubilación activa a otros 58. Una medida que, dijo, «lógicamente» no se pretende que «se prolongue indefinidamente». 

El «problema», apuntó, es que si no se cubren esas plazas hay «consultorios que se quedarían sin atender», un extremo ante el que se habría optado por esta «contratación excepcional alternativa».

Con el ánimo de evitar estas opciones extraordinarias, entre las primera medidas que la Junta reclama al nuevo Gobierno es una petición expresa para la nueva ministra, Mónica García, la «sexta» de Sánchez -«espero que le dé tiempo», dijo Carriedo-, que se resume en «facilitar» la convalidación del título de médicos licenciados en el exterior y una revisión del planteamiento de las plazas MIR, que «no se hagan convocatorias de exclusión. Son miles los médicos», señaló el portavoz, que no obtienen plaza y «luego tienen que ser contratados sin la especialidad». E incluso con estas «medidas extraordinarias» hay «déficit de médicos», tanto en el medio rural como en el urbano, apostilló el portavoz.

La Junta asegura estar «convencidos» de que esta práctica está «dentro de la legalidad» y desde la Consejería de Sanidad recuerdan que ya se interpuso una denuncia individual contra el consejero, Alejandro Vázquez, por este asunto que fue archivada avalando así el proceder de la Junta ante el déficit de sanitarios.

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No obstante, la Sociedad de Médicos de Familia y Comunitaria de Castilla y León amenaza con llevar al titular de Sanidad ante los tribunales ante lo que consideran una «ilegalidad». Para empezar, la agrupación pidió ayer una «reunión urgente» con Vázquez para solicitar explicaciones de lo que consideran un incumplimiento a la norma que exige desde 1995 que para trabajar en el sistema público se cuente con la especialidad MIR.

Es más, la Sociedad llega a advertir de que los valores de la Atención Primaria, como rama accesible, integradora y coordinadora de los distintos niveles asistenciales, «pueden peligrar en mano de graduados o licenciados sin especialidad». Supone, además, un «desprestigio» para la especialidad, puede afectar a la «calidad» del sistema y es una situación «desincentivadora e injusta para los médicos que están realizando la formación MIR».

También desde la oposición, el que fuera vicepresidente de la Junta y ahora portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, se remitió a la ministra para solicitar su «intervención para detener este disparate» que «viola la normativa y pone en riesgo la salud» de los pacientes».La Consejería habla de una «medida excepcional» ante la necesidad y recuerda que los centros de salud han recibido una «instrucción», en la que se establece que en caso de necesidades de contratación primero se debe acudir a las bolsas de empleo y si no hay candidatos, pueden hacer uso incluso de las redes sociales para localizar aspirantes.