La promotora de la mina de Doade: «El proyecto solo se parece al anterior por la zona en la que está»

Fue en marzo cuando la Unión Europea publicó el listado de proyectos considerados estratégicos acorde al Reglamento de Materias Primas Críticas. Un total de 47, la mayoría de extracción –aunque también hay de procesado, reciclaje y sustitución–, que pueden jugar un papel fundamental en los años venideros a la hora de asegurar la autosuficiencia de los estados miembros y el suministro de materiales tan fundamentales para la descarbonización como las tierras raras, el cobalto o el litio. Precisamente, este es uno de los minerales que se extraerían de la mina de Doade –junto con la moscovita y los feldespatos para cerámica–, la única gallega entre las seleccionadas. En enero presentó la solicitud de concesión de explotación y actualmente se encuentra en tramitación.

Desde el minuto uno, el anuncio suscitó críticas tanto en el ámbito político como en el civil. Por un lado, partidos como el BNG suman su reapertura al resto de «proyectos contaminantes» que el PP «trae» a Galicia, según denunció la portavoz nacional, Ana Pontón; y no es más que otro «motivo» para reafirmar su oposición al «plan militarista del rearme», como aseguró el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, a través de sus redes sociales. Por el otro, asociaciones vecinales y medioambientalistas también han reiterado su rechazo, como SOS Suído Seixo, la Comunidad de Montes Vecinales, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Adega o Ecologistas en Acción, que forman parte de las 28 organizaciones «directamente afectadas» por la mina de Doade que firmaron el escrito enviado a Bruselas.

En él, 230 organizaciones solicitan el acceso a los expedientes de los proyectos estratégicos, que ahora Recursos Mineros de Galicia ha hecho públicos. En su web han puesto a disposición de todos los interesados un resumen no técnico del proyecto del estudio de impacto ambiental y, además, quien así lo desee puede solicitar las más de 8.700 páginas con toda la documentación.

Según reflejan los documentos aportados, todos los impactos evaluados son «no significativos, compatibles o moderados», por lo que concluye que el proyecto es «compatible con el medio ambiente y contribuirá al desarrollo económico y social de la zona». Y, además, desmiente algunas de las criticas escuchadas estos meses, que denuncian que el proyecto es el mismo que el presentado en 2018, que fue rechazado por la Administración en 2020. La única similitud entre los dos proyectos, aseguran, es «la zona en la que está» y que se trata de minería de interior –subterránea–. Por lo demás, es un proyecto «totalmente diferente, con un diseño de mina y planta nuevo para asegurar la no afección a las aguas y la aplicación de las mejores técnicas disponibles en este momento», indica el documento.

Entre las principales diferencias, destaca una reducción considerable del tamaño de la concesión: 17 cuadrículas mineras frente a las 60 anteriores –cada una, según Minería Sostible de Galicia, de entre 27 y 28 hectáreas–. La duración de la explotación, en cambio, aumenta, de 30 a 42 años; igual que lo hace la inversión prevista durante las etapas de construcción y extracción: pasa de 33 millones a más de 125: 65 en la mina y 60 en la planta. Por ahora, ya se han invertido 10.

El análisis previo es, además, más completo. Por ejemplo, cuenta con un estudio de impacto económico y social y otro de impacto ambiental, que, explican, la normativa vigente en 2018 no exigía. Se analizaron las afecciones de la actividad minera en el dominio público hidráulico, cumpliendo con los condicionantes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, y se desarrolló un plan de gestión con el asesoramiento del grupo Aquaterra, de la Universidad de La Coruña.

Se construirá, también, una planta de tratamiento, y una vez operativa, «el agua subterránea de drenaje de la mina se utilizará para alimentar la planta de proceso, que funcionará en circuito cerrado reutilizando el agua, y solo el exceso de drenaje de la mina está sujeto a vertido, después del tratamiento«.

De este modo, la empresa asegura que el consumo será «mínimo», y que «la investigación encargada a la Universidad de La Coruña ha determinado que las operaciones implicadas en todo el proceso no generarán efectos adversos en ninguna de las cinco captaciones de agua de la parroquia de Doade«. Por lo tanto, »no se esperan impactos cuantitativos o cualitativos significativos sobre el recurso hídrico«.

Se prevé, eso sí, una reducción del caudal de tres afluentes –de un 2,2%, 4,1% y un 9,3%– con un «impacto local» que no afectará «apreciablemente el sistema fluvial de Porto de Anta». El motivo será que las dos plataformas en la superficie que albergarán las instalaciones industriales, las auxiliares y las oficinas, se harán con los residuos inertes de la fase inicial de construcción de la mina, y, para evitar filtraciones, serán «prácticamente impermeables», impidiendo que parte del agua de lluvia penetre en el suelo. Estas dos plataformas tendrán una superficie de 13 hectáreas, a 15 y 10 metros de altura, y los taludes, que tendrán una inclinación de 30 grados, estarán recubiertos con vegetación para «integrarlas en el paisaje».

El resto de la actividad se hará bajo tierra, con galerías de entre 300 y 50 metros de profundidad. Se extraerá el mineral, se tratará para comerciar sus concentrados y, el residuo, se empleará para llenar los niveles inferiores y abrir los superiores. No habrá, por lo tanto, balsas de estériles, y la actividad extractiva no se podrá ver desde la superficie. La emisiones de gases se limitarán a los períodos de actividad, y provendrán de la maquinaria utilizada en el transporte de materiales y de las voladuras, que serán entre 8 o 9 al día.

Tras 42 de años de explotación, se desmontarán las plataformas y se entrará en la fase final, de restauración y cierre. Se valorará «con los agentes sociales el destino final de las instalaciones mineras y de las plataformas», y, en última instancia, se rehabilitará el terreno a su uso previo. Esto se hará con la propia tierra vegetal extraída, que se almacenará durante la construcción.

En cuanto al impacto social, se crearán 100 puestos de trabajo directos y 220 indirectos, se elaborará un plan de formación y se priorizará la contratación local. Además, se reservarán puestos para personas de colectivos vulnerables. En todo caso, para «maximizar el impacto positivo», desde RMG señalan que «es necesario mejorar el acceso a viviendas y servicios de calidad«, para lo que proponen medidas como acuerdos con propietarios para alquilar propiedades vacías, garantías de pago o mediación legal. En definitiva, exponen, »el proyecto puede generar dinamismo económico« y »favorecer el asentamiento de la población«, aunque, primero, tendrá que esperar al resultado de la solicitud.