Alianzas ha solicitado una reunión con el Ministerio de Trabajo para abordar este asunto y advertir de la situación de caos en la contratación pública que se podría llegar a desencadenar si el proyecto de ley de Trabajo resultara aprobado en su actual formulación, algo que no obstante a día de hoy parece improbable pero no porque el Gobierno haya manifestado su intención de retocarlo sino por la falta de apoyos parlamentarios para sacarlo adelante.
«El problema es el de siempre. Se hacen leyes sin tener en cuenta su impacto sobre la contratación pública aunque como es el caso obligara a realizar una revisión masiva de contratos públicos», subraya Sigüenza, que recuerda la estimación de impacto económico realizada por la CEOE, que ronda los 1.400 millones de euros, y advierte de que si ese coste se dejara descansar de forma exclusiva sobre las empresas podría conducir a que muchas de ellas instaran la modificación de condiciones de sus contratos, generando posibles problemas en la prestación de servicios públicos críticos.
Exige medidas para pymes propias de Seguridad Social, como el absentismo; o la productividad, de Economía, porque solo reducir a 37,5 horas de Yolanda Díaz sería contraproducente
En esencia lo que se pide desde el flanco de los contratistas del Estado es que se tenga en cuenta la profundidad del cambio que la entrada en vigor de la reducción de jornada implicaría en sus contratos, ya sea de forma activa, reconfigurando las condiciones del contrato y por tanto su asignación económica, o bien de forma pasiva, disponiendo una suerte de periodo transitorio que retrase su aplicación efectiva sobre los contratos que se adjudicaron bajo unas condiciones diferentes.
A la hora de ilustrar la disfunciones que la aplicación de ese recorte de media hora de la jornada diaria podría ocasionar en el sector de los servicios, Sigüenza pone el ejemplo de los call centers, un servicio que se presta las 24 horas y los siete días de la semana y que ahora se puede cubrir con tres empleados al día. Con la nueva ley esos tres empleados ya solo cubriría 22 horas y media y dejaría una hora y media de servicio sin cobertura. En un ejemplo radical, la empresa concesionaria tendría que contratar una persona para cubrir hora y media de servicio diario.
No es la primera vez que una norma impulsada por el Ministerio de Trabajo sacude el ámbito de la contratación pública. Ya ha ocurrido con las sucesivas subidas del salario mínimo, que en muchos casos han obligado a las empresas a asumir un coste extra con el que no se contaba cuando se adjudicaron el contrato y que en otras muchas ocasiones han terminado con renuncias de los adjudicatarios o denuncias judiciales por lo que entienden como una modificación sobrevenida de sus condiciones que no tendrían por qué asumir en solitario.
En todos esos casos el sector solicitó al Ministerio de Trabajo que tuviera en cuenta los contratos públicos en el decreto de aprobación sin que lo haya conseguido en ninguna ocasión.