Fernández Díaz se sentará en el banquillo en primavera por Kitchen

El magistrado Leopoldo Puente está a la espera de distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre información financiera y patrimonial de Cerdán, así como de datos de la fundación Fiadelso que Ábalos montó en los años 90 en Valencia, entre otra documentación que permitirá avanzar con la causa.

Ambas ramas de la investigación, que tienen el mismo núcleo, la corrupción en el seno de Transportes en la época de Ábalos y en la que pudo participar el número dos del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, avanzarán mientras llegan a juicio otras que en su momento también supusieron un escándalo político.

Una de ellas es el caso Kitchen, que comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional como una de las piezas del caso Villarejo. El juez Manuel García Castellón llegó en 2022 a la conclusión de que hubo una operación policial ilegal en el seno del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy que tenía como fin requisar información de altos dirigentes de dicha formación relacionada con la supuesta financiación irregular del partido y sobre otros asuntos en manos de su extesorero, Luis Bárcenas, quien fue enviado a prisión preventiva cuando se habría desplegado el operativo, entre 2013 y 2015.

Detenido por blanqueo Francisco Martínez, número 2 de Interior con Rajoy

Adriana Cabezas

Ha sido arrestado en una operación de la Audiencia Nacional junto a Alcasec

Al dar por concluida la instrucción, el magistrado descartó investigar si hubo una orden superior, desde la Presidencia del Gobierno, de ordenar la denominada operación Kitchen. Así, el máximo responsable del Ejecutivo de Rajoy que se sentará en el banquillo será el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien siempre ha defendido que no existió ningún operativo de tal índole.

Su subordinado, el ex secretario de Estado de Seguridad o número dos del Ministerio, Francisco Martínez, también estará en el banquillo de los acusados, como otros miembros de la cúpula policial del momento.

En total serán 11 personas las que tendrán que enfrentarse a juicio, entre mayo y junio, en la Audiencia Nacional. Además de Fernández Díaz y Martínez, también figuran como acusados el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en aquél momento, Eugenio Pino; los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, así como los policías de distinto rango Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y Sergio Ríos, que, según los indicios recabados durante la instrucción, pasó de ser chófer de Bárcenas y persona de su confianza a policía nacional precisamente por participar en el operativo, por el que habría cobrado 2.000 euros mensuales durante dos años de los fondos reservados. Éste es uno de los aspectos que tendrá que dilucidarse en sede judicial, aunque hay otros que salieron a la luz, principalmente, por el volcado del móvil requisado a Francisco Martínez.

Los mensajes que intercambió con los implicados provocaron la declaración de distintos investigados y que el juez ordenara un careo entre el ministro y su hombre de confianza. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para ambos. Fernández Díaz acusó a Martínez de manipular mensajes para fingir que él estaba al tanto del operativo y el segundo contestó que «a santo de qué me iba a inventar todo esto».

Otra de las piezas de la macrocausa contra Villarejo en la Audiencia Nacional que llegará a juicio en marzo es la del robo del móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias cuando era secretario general de Podemos, y la publicación de los mensajes que había en su interior en la prensa.

Por los hechos que se produjeron en 2015, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas del Grupo Zeta a quienes alguien, en 2016, entregó una tarjeta SD con el contenido del móvil de Bousselham -aunque finalmente el medio decidió no publicar nada y avisó a Iglesias de que tenía material que le afectaba en su poder- están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. Para el primero, la Fiscalía pide 5 años de cárcel y para los informadores, tres. La Fiscalía considera que Villarejo, «actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial», entregó el material «a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias».