La administración autonómica, que está librando una batalla en el Supremo contra el Estado, ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso a ABC, en el que ponen de manifiesto la desidia de Moncloa con esta cuestión. Canarias, con este movimiento judicial, pretende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con sus obligaciones. Fuentes del Gobierno presidido por Clavijo, que desde hace meses hacen frente prácticamente en solitario a la crisis migratoria, recuerdan que «116 días después del primer auto del Tribunal Supremo, ni un solo niño ha salido de Canarias ni se ha revertido la situación de emergencia que se vive».
En su reclamación, el Gobierno canario lamenta que «el Estado persiste en su resistencia a ofrecer recursos de protección internacional en Península». Por eso, en su opinión, «de la actuación que se está llevando hasta ahora» por parte del Ejecutivo central «se deduce la intención de la Administración General del Estado de dilatar la derivación de los menores migrantes».
Lamentan la propuesta de Moncloa de mantener a los menores solicitantes de asilo en centros de Canarias, con recursos que pueda ofrecer el Estado, ya que esto «no alivia la situación de hacinamiento». Para ellos esta respuesta «olvida la saturación de los medios educativos, sanitarios y sociales que soporta Canarias en exclusiva».
El texto enumera punto por punto los incumplimientos del Gobierno desde el pasado mes de marzo. Entre otras cuestiones que deberían haberse resuelto ya, Canarias recuerda que no se ha acondicionado ningún dispositivo para evaluar individualmente a los menores. Tampoco se ha constituido ningún equipo evaluador. Manifiestan también que por culpa de esta inacción gubernamental, «la situación de hacinamiento en que se encuentran los menores en Canarias no se ha aliviado».
El documento que el Gobierno canario ha remitido al Supremo, elaborado por los servicios jurídicos, alerta también de que «cada día que pasa sin que se dé cumplimiento a los autos dictados, se mantiene en la misma situación a los menores no acompañados, perjudicando su salud mental y revictimizándolos». Considera la administración autonómica que eso vulnera sus derechos fundamentales. Ante todo lo anteriormente expuesto, piden a los magistrados que adopte las medidas legales que consideren oportunas.
Reuniones 'in extremis'
A lo largo de la jornada de este lunes, representantes de ambos gobiernos mantuvieron reuniones para salvar los muebles 'in extremis'. Tanto por la mañana como a primera hora de la tarde, tras varias semanas de desencuentros, las dos administraciones estuvieron negociando un documento único para dejar atrás una situación que en el Gobierno canario consideran «crítica y acuciante». Fuentes cercanas al presidente autonómico señalaron que su voluntad es «intentar avanzar» conscientes, también, de que «necesitamos al Estado para que se cumpla».
De esos encuentros, según ha podido saber ABC, salió un documento conjunto de mínimos sobre como abordar la crisis existente. El plazo para aportar este plan al Tribunal Supremo finaliza este martes a las tres de la tarde. En paralelo, y como consecuencia de las diferencias entre ambas administraciones, Canarias ha actuado en paralelo «poniendo de manifiesto en lo que no nos ponemos de acuerdo», para que sean los jueces los que resuelvan dichas cuestiones.
Dos requerimiento del TS al Gobierno
El primero de los requerimientos que los magistrados le hicieron al Gobierno fue el 25 de marzo. Ese día, el Tribunal Supremo determinó que la competencia de dar protección a los menores no acompañados que solicitaban asilo en España correspondía al Estado y no las autonomías. Dos meses más tarde, el 29 de mayo, los jueces citaron al Gobierno de nuevo para qué explicase que medidas estaba desplegando para ejecutar ese primer auto, al constatar «el claro incumplimiento» de la medida cautelar adoptada en marzo.
A esa fecha, según los magistrados, el Ejecutivo no se había «implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia», ni había «adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior». Una situación que Moncloa no ha corregido pese a los requerimientos judiciales y que está generando importantes tensiones en el sistema de acogida canario.
El Ejecutivo, en todos estos meses, solo ha trasladado su predisposición a abrir el Canarias 50, una instalación en la isla de Gran Canaria, actualmente en obras, en la que Moncloa pretende alojar a parte de los solicitantes de asilo, aunque la administración autonómica considera que ese espacio debería ser únicamente para los menores en tránsito. Fuentes cercanas al presidente de Canarias sostienen que ni este equipamiento ni las carpas de la Cruz Roja instaladas en el Puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, y que paga la autonomía, deben servir como solución estructural.
Canarias tiene bajo su tutela en la actualidad a unos 6.000 niños y niñas. Gran parte de ellos llevan meses esperando un realojo que, por diferencias entre el Gobierno y las autonomías, se ha ido retrasando en el calendario. El pasado jueves, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que la salida de esos menores de Canarias -tanto los que han solicitado asilo como los que no- empezará el 28 de agosto. Sin embargo, según los datos que facilitó el Gobierno a las autonomías, la cifra de niños que saldrán de las islas será mucho menor de la inicialmente acordada con Canarias.