El Gobierno responde al BNG: «La mina de Doade ha justificado su solvencia medioambiental»
El BNG registró sus preguntas en el Congreso hace casi dos meses, el pasado 21 de abril. En su escrito, firmado por su único diputado, Néstor Rego, los nacionalistas recuerdan que España, después de Francia, es el segundo país de la Unión Europea con más puntos de extracción de materias primas seleccionados en esta convocatoria, de un total de 47 proyectos. El objetivo de la Unión es asegurar el suministro de estos materiales considerados fundamentales para el autoabastecimiento de los países miembros, por lo que insta a simplificar trámites y acortar plazos para que las explotaciones estén operativas en el mínimo tiempo posible. En vez de requerir entre 5 y 10 años, como ocurre ahora, ponen como plazo máximo un período de 27 meses. Estas «facilidades» son, para el Bloque, «preocupantes», al hacerse, según consideran «sin un análisis riguroso de las consecuencias ambientales y sociales» sobre el territorio.
El BNG también criticó en el mismo escrito que el proyecto de la mina fuese rechazado por la Administración en 2020 «tras un informe negativo de la Concesión de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, por su afectación a los acuíferos». «Paradójicamente, la Comisión Europea afirma que eligió proyectos como el de la mina de Doade, en Galicia, tanto por su capacidad para contribuir al suministro de dichas materias primas como por sus 'estándares ambientales y sociales, su viabilidad técnica y sus beneficios transfronterizos'».
Una crítica similar a la que hacen de otras iniciativas, como la reapertura de la mina de Touro (en los municipios de Touro y O Pino, en La Coruña), insinuando que las empresas promotoras tratan de aprobar los mismos proyectos que en su momento fueron descartados. Pero esto es, según señalaron en reiteradas ocasiones desde las consellerías responsables de la Xunta, es contrario a la legislación, que no permite que se analicen nuevamente los mismos contenidos, obligando a las empresas a presentar, sí o sí, propuestas distintas en esos aspectos que se consideraron insuficientes en el pasado.
En todo caso, el Bloque mantiene que «a pesar de sus problemas ambientales y su impacto social», el proyecto podría «verse acelerado» por su consideración como estratégico por la UE: «La apertura de la mina de Doade fue rechazada hace cuatro años debido al riesgo de contaminación de las aguas. No se puede permitir que la carrera armamentista sea la que ahora condicione y obligue a iniciar la actividad minera«.
Por todo ello, plantearon una batería de preguntas al Gobierno. Entre ellas, cuestionan aspectos como por qué «se puede autorizar ahora si se trata del mismo proyecto», si «se considera vigente el informe negativo [...] de hace cuatro años» o si «se respetarán los procedimientos y expedientes medioambientales obligatorios a pesar de la presión de la UE para una regulación de urgencia». Asimismo, interpelan al Ministerio sobre si comparte o no «que en este caso la UE está priorizando sus intereses en favorecer a la industria militar y armamentística por encima de la preservación del medioambiente y los impactos que la mina tendrá en los municipios de A Lama, Cerdedo-Cotobade y Beariz«.
Todas ellas cuestiones en línea con la ofensiva nacionalista a cualquier industria extractiva que se instale en la Comunidad, que, en palabras de su portavoz nacional, Ana Pontón, responde al «expolio colonial» que el PP propicia para favorecer a las multinacionales. Pero esta no fue la conclusión a la que llegó el Congreso en su respuesta, que remitió el 5 de junio. De este modo, el Gobierno insiste en que la categorización de un proyecto como estratégico tampoco implica «una reducción de los requisitos medioambientales nacionales», por los que «la protección del medio ambiente está plenamente garantizada« a través de «un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental (que emana de la legislación europea)», que establece las condiciones y limitaciones necesarias para garantizar la seguridad y protección del medio.
Además, en el caso de la minería, indican, a estas exigencias se suman las recogidas en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y, aunque no lo recogen, en Galicia también están sometidos a la Ley de Recursos Naturales, que establece la obligación de repercutir positivamente en el territorio y la población para cualquier proyecto que aproveche estos recursos.
Pero esto no es todo. El propio Congreso asevera que «los proyectos estratégicos incluidos en el listado de la Comisión Europea como es el caso de la mina de Doade han justificado su solvencia técnica, económica y medioambiental» acorde al Reglamento 2024/1252 de la UE para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales. Esto es, cumple con los criterios de «sostenibilidad, preservación del medioambiente, respeto a los derechos humanos y minimización y prevención de los impactos sociales».
De este modo, reiteran que la categorización de un proyecto como estratégico tampoco implica «una reducción de los requisitos medioambientales nacionales», por los que «la protección del medio ambiente está plenamente garantizada» a través de «un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental (que emana de la legislación europea)». Finalmente, indican que tanto la tramitación como la autorización de proyectos mineros corresponde cada Comunidad Autónoma, por lo que, en este caso, es la Xunta quien tiene las competencias.