El Gobierno da un año más a las empresas para aplicar la jornada de 37,5 horas y pondrá coto a las "llamadas del jefe a las 12 de la noche"
La negociación sobre la reducción de la jornada laboral entra en una fase delicada. Después de semanas de tensión entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios, y tras la mediación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz maniobra ahora para atraer a la CEOE al acuerdo flexibilizando su rígido planteamiento inicial pero manteniendo la esencia de la medida pactada en el seno del Gobierno de coalición para conservar el apoyo de los sindicatos. Un complejo juego de equilibrios que ha vuelto a ponerse sobre la mesa en la reunión celebrada este miércoles.
Los interlocutores sociales esperaban que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, acudiera al encuentro con papeles bajo el brazo. Pero no ha sido así. El número dos de Díaz se ha limitado a escuchar la opinión de las partes sobre la propuesta que hizo el Ministerio la semana pasada, pero no ha ofrecido un nuevo documento. Sin embargo, sí ha trasladado a los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT una cesión a la que está dispuesto el Ejecutivo para cerrar un acuerdo: se dará más tiempo a las empresas para que puedan incorporar la nueva jornada de 37,5 horas.
Sin especificar demasiado, Pérez Rey ha comunicado en rueda de prensa tras la reunión que el Ministerio está dispuesto a "estudiar la posibilidad de adaptación e incorporación paulatina de las empresas a las 37,5 horas", a través de "unos plazos flexibles para incorporar esta medida legal". En este sentido, el secretario de Estado ha esbozado varias vías que podrían transitar las compañías para llegar a ese objetivo durante todo el año 2025 y no desde el 1 de enero, como había establecido inicialmente. En concreto, se ha referido a la incorporación de días de vacaciones o permisos adicionales. "Hay muchas medidas y actuaciones que pueden valorar las empresas", ha asegurado Pérez Rey. "Todo, de la mano de la negociación colectiva", ha dicho.
Sobre esta flexibilización de la entrada en vigor, tanto CCOO como UGT han advertido al término del encuentro de que son "sensibles a las transitoriedades" y aceptarían un "periodo de adaptación", pero ese periodo tiene que ser "tasado", ha advertido la secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente. "Transitoriedad sí, aplazamientos, no", ha enfatizado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján. Con todo, los agentes sociales no han concretado los plazos en el día de hoy. Es una tarea que se discutirá en la próxima reunión, que se celebrará el 29 de julio.
Por otro lado, en la siguiente cita los agentes sociales debatirán sobre la distribución irregular de la jornada anual, que el Gobierno también ha accedido, a petición de la CEOE, a mantener en el porcentaje del 10% fijado actualmente sobre la jornada vigente en el momento de la entrada en vigor de la nueva norma. En este punto, el negociador del Ministerio se ha mostrado abierto a discutir "mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo", como es la distribución irregular de la jornada par sectores más inconstantes como la agricultura o la hostelería, pero ha advertido de que no se va a llevar a cabo "una reducción fake". "No se trata de trabajar en concepto de horas extraordinarias lo que antes eran ordinarias", ha insistido.
Derecho a la desconexión digital
La principal novedad que ha dejado la mesa de este miércoles es la incorporación al debate del derecho a la desconexión digital. Aunque se trata de un derecho que, en principio, ya está garantizado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, que incorporaron la patronal y los sindicatos en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que incluso puede conllevar multas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo considera que no se está respetando y debe ser reforzado.
"El derecho a la desconexión digital ya está en el ordenamiento laboral, pero hay que profundizar, porque buena parte de los contactos hoy en día se producen a través de dispositivos digitales y el teletrabajo se ha generalizado", ha afirmado Pérez Rey. "No vale de nada reducirle la jornada a alguien que va a ser atosigado con llamadas y mensajes nada mas salir por la puerta de su oficina o de su fábrica", ha incidido.
"De nada serviría reducir la jornada si pueden recibir una llamada de su jefe a las 12 de la noche o un correo a las 5 de la mañana, o si un domingo paseando por el parque alguien les envía un whatsapp", ha ejemplificado el secretario de Estado. Para sentenciar después que "para que la reducción de la jornada sea eficaz y respete los descansos debe incorporar el derecho a la desconexión digital".
Ministerio, patronal y sindicatos han quedado en volver a verse el día 29. Las negociaciones avanzan ahora con menos prisa, pero sin pausa. Yolanda Díaz quiere cerrar un acuerdo cuanto antes, pero es consciente de que no puede cerrar un pacto sólo con los sindicatos porque corre el riesgo de que se lo tumbe el Congreso de los Diputados, como ya sucedió con la reforma del subsidio de desempleo y la prevalencia de los convenios autonómicos. Por eso está limando su propuesta y flexibilizando sus planteamientos iniciales para intentar atraer a la CEOE a que firme una medida que rechaza de plano como es la reducción de la jornada por ley y sin recorte salarial ni compensación a la contratación.