La cronología de la amnistía: la negación de Sánchez, la negociación de Cerdán y el aval de Pumpido

Dounia Sbai

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Carles Puigdemont y Pedro Sánchez ya tienen lo que buscaban dos años después. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este jueves la ley de Amnistía porseis votos de la mayoría progresista frente a los cuatro del bloque conservador. Esta decisión supone el borrado delitos del 'procés' y la aprobación de que la norma es acorde con la Carta Magna. Después de tres días de deliberaciones los magistrados han acordado un texto definitivo con algunas modificaciones. La previsible decisión del Constitucional no despejará el futuro de Puigdemont ni de Junqueras, dado que en esta sentencia no se pronunciará sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación, algo a lo que se opone el Tribunal Supremo (TS).

La ley permite dictar la orden de libertad si hay alguien en prisión, alzar las órdenes de detención que estén en vigor o levantar medidas cautelares. Todo esto será aplicable por los jueves en un plazo de dos meses. La sentencia afecta a todos los implicados en causas relacionadas con el 'procés' desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, esto incluye los disturbios de 2019, el referébndum ilegal del 1 de octubre de 2017 así como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Para llegar hasta este escenario hay que remontarse varios años atrás cuando Pedro Sánchez en 2021 negaba con rotundidad en la tribuna del Congreso de los Diputados y a los medios de comunicación la amnistía y la autodeterminación que pedían los independentistas. El presidente del Gobierno reiteraba una y otra vez el 20 de julio de 2023 que no iban a ceder a las peticiones de Puigdemont: «No piden una reforma del cógido penal, lo que piden es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar», razonaba. Sánchez sacaba pecho de que su «convicción personal y política» no le permitiría aceptar tales decisiones que chocaban con la Constitución.

Desde el Gobierno se incidía en que la amnistía no tenía cabida en el ordenamiento jurídico español. «Todas las pretensiones que se formalicen tiene que ser en el marco de la Constitución y la Ley», decía el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, decía que el PSOE no iban aceptar esta ley ni la autodeterminación y no «negociarían con Puigdemont».

Sánchez defendió la amnistía por primera vez en 2023 en un Comité Federal del PSOE en Ferraz para primero convencer a los suyos, y segundo, hacer público delante de la sociedad unas declaraciones de las que él rechazaba tajantemente por su inconstitucionalidad. Fue en el último tramo de su discurso, de una hora de duración, y lo hizo apelando por dos veces a la nación: «Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada», afirmó en el momento álgido de su locución. Y terminó reconociendo que se trataba de «hacer de la necesidad virtud». Una frase que siguió repitiendo contra los críticos.

Después de estas declaraciones de Sánchez, el presidente del Gobierno encomendó al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, la negociación directa con Puigdemont. Cerdán era el encargado de viajar hasta Waterloo para encontrarse con el expresident catalán, el primer encuentro se produjo el 30 de octubre de 2023 en las dependencias de Junts en el Parlamento Europeo, una imagen que le valió a Puigdemont para evidenciar la flexibilidad del Gobierno a sus exigencias.

La primera reunión estuvo marcada por la ocultación del PSOE de una imagen del referéndum del 1-O en la sala donde estaban con Junts. Cerdán argumentó que «el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse» y que el pacto alcanzado con la derecha nacionalista «se asienta sobre las bases de devolver al cauce de la política cualquier disenso entre las administraciones públicas española y catalana, abriendo la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento», a las que ha presentado así en pie de igualdad.

Uno de los protagonistas de que salga adelante la ley de amnistía es Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, que insitía el pasado 6 de septiembre de 2024 que el TC cuenta «con las herramientas necesarias para imponer nuestra imparcialidad lejos de sesgos: los argumentos jurídicos, nada más y nada menos».

El PP pedía la abstención de Pumpido sobre la ley de amnistía porque consideraban que el presidente del TC debía aplicarse el mismo criterio utilizado para apartar al magistrado José María Macías; es decir, la participación en la emisión de un informe sobre la ley de Amnistía como vocal del CGPJ. Así lo hizo la mujer de Conde-Pumpido, Clara Martínez de Careaga, quien coincidió como vocal con Macías.

El Constitucional llegó en septiembre del año pasado a un consenso para abstener a Juan Carlos Campo, que fue ex ministro de Justicia con Pedro Sánchez, de todas las cuestiones que afectaban a la amnistía. El propio Campo pidió también apartarse porque durante su etapa firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas donde quedó rubricado que la amnistía era inconstitucional. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías y la magistrada Concepción Espejel, sacaron a Campo de todo debate.

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