El Parlamento de Andalucía rechaza el «acoso» al Poder Judicial del Gobierno de Pedro Sánchez
Se trata de una proposición no de ley que se debate este jueves para rechazar la corrupción y la «deriva antidemocrática del Gobierno de España» en la que el PP hará un repaso desde los primeros escándalos que surgieron apenas cien días después del inicio de la andadura del actual presidente Pedro Sánchez.
De hecho, la iniciativa, que seguro generará un tenso debate en el pleno, insiste en que el Gobierno está «poniendo en peligro el prestigio de instituciones básicas del Estado a mínimos históricos inéditos como es la Fiscalía General del Estado» y de hacer «uso partidista de otras» teniendo la Moncloa como «epicentro».
En este sentido, el PP recalca que la estrategia de «acoso y derribo» que está desplegando el Gobierno de España hacia el Poder Judicial es «inadmisible» y recuerda que tanto la Constitución como los tratados internacionales exigen que el Ejecutivo y las autoridades legislativas «se abstengan de interferir» en el normal desenvolvimiento de los procedimientos judiciales. Por ello, para el PP la «ley Begoña» forma parte de una hoja de ruta que busca «ocupar políticamente» los órganos jurisdiccionales comprometiendo la separación de poderes.
«El presidente del Gobierno va a pasar a la historia como el presidente de una amnistía infame y el de la corrupción sistémica», dice el texto del PP. En él se rechaza el proceder del Gobierno que ha originado «Un escenario de corrupción sistémica» y «deterioro institucional y democrático» en instituciones y organismos del Estado.
También hay una repulsa por la «deriva antidemocrática» emprendida por el Gobierno de España con la que contraviene el ordenamiento constitucional, «cercena el estado de derecho» y desatiende los verdaderos problemas de los ciudadanos, «conduciendo a una situación de absoluto descrédito de instituciones básicas y del prestigio» del Gobierno y del país.
La iniciativa también manifiesta su «disconformidad» con el intento constate del Gobierno de España de «doblegar, controlar y someter a sus intereses personales y partidas al Poder Judicial ya sea a través de reformas legislativas o con actos injustos así como a través de »campañas de descrédito inadmisibles a los miembros de la carrera judicial«.
En esta línea se rechaza igualmente cualquier iniciativa legislativa que pretende o suponga «un menoscabo» o vulneración de la actual legalidad penal vigente, para pretende impedir la acción popular o dar «privilegios procesales o impunidad» a personas del entorno del Gobierno central buscando una «amnistía encubierta», vulnerando la igualdad de todos los españoles ante la Ley.
La declaración concluye rechazando el «acoso» al Poder Judicial que consideran una «grave amenaza» al Estado de Derecho y a la independencia judicial, así como su incompatibilidad con el marco constitucional español.