El juez investiga ya si hubo malversación con la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Así se desprende del auto con el que Juan Carlos Peinado citó ayer en calidad de testigo al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la causa, aunque por su puesto de secretario general de Presidencia en el momento en que se contrató a Álvarez, nada más llegar Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Hasta ahora, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez -que en principio fue llamada a declarar como testigo- estaban siendo investigadas por tráfico de influencias y corrupción entre particulares por si la primera utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para aprovecharse de contactos y dirigir una cátedra en la UCM, pública, y el África Center del Instituto de Empresa (IE), institución privada.

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Carmen Lucas-Torres

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Pero, según el auto de ayer consultado por ABC, una vez el instructor ha tomado declaración al cargo de Moncloa que instó la contratación de Álvarez, así como la Secretaría General de Presidencia -departamento en el que la asesora está contratada como directora de Programas- envió el detalle de la propuesta de su nombremiento, las funciones que se le encomendaron, el lugar o lugares donde presta servicios, la renumeración que recibe y la asignación presupuestaria que tiene su cargo, el juez ha decidido abrir la vía de la posible malversación de caudales públicos.

Moncloa informó al juez, en un informe, de las tareas desempeñadas por Álvarez para Begoña Gómez, pues fue contratada como "persona de confianza" por las "notas de afinidad" entre ambas, según informó Presidencia. Antes de julio de 2018, cuando se produjo la contratación, Begoña Gómez y Cristina Álvarez habían trabajado juntas en la empresa Inmark.

El juez interrogó a Álvarez sobre gestiones que había realizado para la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense, como recibir correos de la coordinadora del programa de estudios o dirigirse a patrocinadores. Las acusaciones de la causa apuntan a que dichas tareas no son las previstas para su cargo público, de acompañamiento a la esposa del presidente del Gobierno en su agenda y como garante de su seguridad, según describió la propia Álvarez en el Juzgado.

Ahora, el juez quiere ahondar en ese aspecto y para ello cita a Bolaños como testigo, no como ministro de Justicia sino como secretario general de la Presidencia, el cargo que desempeñaba en el momento en que se contrató a Álvarez. Era el máximo responsable del departamento en el que ella recibe un salario como directora de Programas con nivel 26.

Precisamente en ese sentido el juez especifica que, dado que lo cita para declarar por los hechos y conocimiento que tenga de ellos del momento en que desempeñaba tal cargo, no puede acogerse a la declaración por escrito prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el presidente del Gobierno y ministros, sino que le tomará declaración en su despacho, según está previsto en la misma ley, para altos cargos.