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Los saharauis solicitantes de asilo en Barajas abren otra grieta entre el Gobierno y sus socios
Desde el Ministerio del Interior avanzaron el lunes que al menos diez de estos ciudadanos serían devueltos a Marruecos al no cumplir los requisitos de asilo. El titular del ramo señaló que serían devueltos todos aquellos «que de conformidad a la ley no se haya estimado como acreedores de protección internacional». Marlaska argumentó entonces que la medida atiende al «cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, como en todo momento y siempre avalada por los órganos judiciales». Una postura que no ha contentado a sus socios, que han exigido la «paralización inmediata» de esta medida, puesto que, según entienden en ERC y EH Bildu, pondría en «grave peligro» la seguridad y la integridad de estas personas.
Así lo trasladaron en su solicitud de comparecencia del ministro del Interior, registrada ayer en el Congreso, «para explicar la situación de los diez activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas y la incomprensible decisión de su Ministerio de devolverlos a Marruecos, vulnerando su derecho de asilo y exponiéndolos a un grave riesgo para su seguridad». En otro escrito, los republicanos instan al Gobierno a explicar las razones por las que estas personas no han podido tramitar sus solicitudes de asilo «de manera inmediata», así como aclarar si se ha investigado alguna posible negligencia en el tratamiento de este caso. Asimismo, quieren conocer si el Ejecutivo tiene previsto revisar el caso y qué medidas se están tomando para garantizar que los saharauis «retenidos» puedan formalizar sus solicitudes de asilo.
Pero fue la formación que lidera Ione Belarra la que denunció por primera vez la situación de estos saharauis, a los que se les deniega su solicitud de asilo, y las «condiciones inhumanas» que, a juicio de secretaria general de Podemos, padecen en una de las salas de asilo de Barajas (estas instalaciones ya estuvieron en el foco mediático y político por su saturación). Para Belarra, el Gobierno no acepta las peticiones de acogida para «no molestar» a Marruecos y denunció, desde el aeropuerto de Barajas junto a otros cargos del partidos, que el departamento de Fernando Grande-Marlaska le impidiera la entrada a las salas de asilo para poder supervisar el estado de los saharauis, como permite su calidad de diputada.
Ayer, la formación fue un paso más allá y pidió amparo a la Presidencia del Congreso de los Diputados para que esclarezca «quién dio la orden para que Ione Belarra no pudiera entrar». Además, desde Podemos exigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desautorice al ministro del Interior y que «atienda urgentemente la situación de los saharauis» solicitantes de asilo en Barajas. Su coportavoz en el Congreso, Javier Sánchez Serna, tachó de «incomprensible» que el Gobierno haya proporcionado «sin ningún problema» asilo a 210.000 ciudadanos ucranianos y 40.000 venezolanos, «como Leopoldo López, con sentencia por terrorismo en su país», añadió, y que no acepte la solicitud de estos saharauis «que están siendo perseguidos». «¿Nos está diciendo el Gobierno que las personas que vienen de África tienen menos derecho al asilo?», cuestionó Sánchez Serna, deslizando una acusación de racismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
También Sumar criticó que las autoridades denegaran su entrada a las salas de asilo para interesarse por su situación y pidió explicaciones por escrito al departamento de Marlaska. En concreto, exigió saber por qué se denegó de manera generalizada el asilo en lugar de atender una por una, de forma individualizada, sus expedientes. Señalan los casos de Ali Hammou, un activista sordomudo en tratamiento por cáncer, y el de la familia de Mohamed Ali Slimani, que junto a su esposa Rbab al-Tarad Yahi y su hija de un año y medio huían de la represión en el Sáhara Occidental. En una pregunta parlamentaria, piden conocer además cómo responde el Gobierno a las denuncias sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran. En cualquier caso, según informa Ep, desde la formación sostienen que tratarán este asunto nivel de Gobierno, a través de las ministras de Sanidad y de Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego, respectivamente.