El Gobierno agilizará las licencias de obra y hace un llamamiento a los pequeños propietarios para ampliar el parque de vivienda: "Os necesitamos"
La reunión sectorial del Gobierno con el sector inmobiliario y financiero se ha saldado este jueves con varios acuerdos y con un llamamiento concreto por parte de la ministra de Vivienda a los pequeños propietarios en España para que contribuyan con sus inmuebles a aumentar el parque de vivienda disponible: "Les necesitamos", ha dicho Isabel Rodríguez al término del encuentro en Moncloa, que se ha extendido durante casi tres horas y que ha sido, según sus palabras, "muy productiva".
"Me dirijo a todos los españoles propietarios y propietarias de una vivienda en alquiler: les necesitamos porque hoy el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares, y a ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible", ha asegurado Rodríguez en la comparecencia ante los medios.
La ministra, sin embargo, no ha concretado a qué tipo de garantías se refiere ni si se trata de incentivos fiscales o de otro perfil. "Hoy ya existen beneficios fiscales que pongan su vivienda en alquiler, especialmente si lo hacen en zonas tensionadas, pero soy consciente de que hemos de profundizar más en seguridad jurídica y en garantías y vamos a seguir explorando. No van a faltar instrumentos", es lo máximo que ha detallado.
Del encuentro también ha salido un acuerdo más inminente y concreto que tiene que implica la modificación de la orden ECO 805/2003 de 27 de marzo, una modificación que promueve el Ministerio de Economía y que desde esta misma tarde saldrá a consulta pública para contribuir a agilizar la promoción de nueva vivienda y facilitar la financiación a los promotores privados y públicos. Los cambios permitirán introducir en esa orden elementos que faciliten los procesos de industrialización en la construcción y "ejes estratégicos de este gobierno como son los factores de sostenibilidad".
En el encuentro también se ha abordado la situación con el alquiler temporal y turístico, especialmente en algunas ciudades del país. Ambas modalidades se quedaron fuera del ámbito de aplicación de la actual Ley de Vivienda y son el subterfugio al que están recurriendo muchos propietarios, grandes y pequeños, para esquivar las limitaciones y regulaciones que establece la norma. "Somos conscientes de que quien quiere escapar de la ley usa estas modalidades", ha dicho la ministra. Sin embargo, tampoco ha querido concretar qué tipo de medidas podrían llevarse a cabo para abordar esta problemática. En el caso de los alquileres temporales, el grupo de trabajo formado por Vivienda y Turismo se reunirá el próximo 18 de abril y dará cuenta de sus conclusiones; en cuanto al alquiler turístico, Isabel Rodríguez se ha mostrado más cauta y se ha remitido a iniciativas que ya han puesto en marcha algunas ciudades y comunidades como Barcelona o Canarias. "Reivindico mucho la autonomía local. Hay que analizar la diversidad de las casuísticas y respetar las competencias autonómicas y las competencias locales", ha asegurado.
Horas antes, sin embargo, en una entrevista en la Cadena Ser, Rodríguez se ha mostrado partidaria de limitar el arrendamiento turístico y ha cargado contra Madrid y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no actuar ante el problema de vivienda que acucia a la región y a la capital. "No quiero que el centro de Madrid sea un parque temático, quiero que sea una ciudad, que sigan jugando niños, que haya vecinos", respondió antes del encuentro.
A la reunión celebrada en Moncloa han asistido, además de la ministra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha; el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, y el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.
Asimismo, estaban convocados representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV), Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), SEOPAN, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España (CGATE), Asociación de Banca (AEB), CECABANK, Consejo de la Juventud de España, Plataforma del Tercer Sector, Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Hogar Sí, ProVivienda.
Quienes no estaban en la mesa ni en la convocatoria han sido los sindicatos de inquilinos, que han mostrado su disconformidad por la decisión.