El fiscal general comunica al Senado que rechaza hacer el informe sobre la amnistía que le solicitó

La Fiscalía General del Estado no elaborará el informe sobre la proposición de ley de amnistía que le reclamó el Senado el pasado 5 de diciembre. Así se lo ha informado ya el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al presidente de la cámara Alta, el popular Pedro Rollán, en una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el escrito, García Ortiz, alega que el Consejo Fiscal -el órgano al que se reclamó el dictamen- no tiene competencias para informar sobre una proposición de ley. El fiscal general admite que “la leal colaboración institucional” sí permitiría a la Fiscalía como institución hacer este informe, pero sostiene que esa cooperación “no es posible” en este caso porque supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución” e “invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía”, ya que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los tribunales.

La principal razón jurídica que alega el fiscal general para rechazar hacer el dictamen es que, mientras que en los proyectos de ley el informe previo del Consejo Fiscal -y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ- es preceptivo, este trámite no se contempla para las proposiciones de ley. Tanto el CGPJ como el sector más conservador de la Fiscalía reclamaron desde el principio que ambas instituciones pudieran dar su opinión sobre la medida de gracia a pesar de que este paso no está previsto en las preposiciones de ley, y encontraron una vía a través de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Senado.

El pasado 5 de diciembre, la Mesa de la cámara Alta acordó pedir un dictamen al órgano de gobierno de los jueces y otro al fiscal general. El Consejo, que ha acordado varios pronunciamientos públicos contrarios a la amnistía, designó rápidamente a dos vocales para hacer su dictamen, en el que ya se está trabajando. Pero García Ortiz, pese a la presión de un sector de la Fiscalía para que se pronunciara cuanto antes, alegó que no debía hacerlo hasta tomar posesión formalmente, un trámite que se quedó pendiente antes de Navidad y que, finalmente, se celebró este miércoles.