Sumar unifica criterio y rechazará la propuesta del PSOE contra el proxenetismo
Sumar tiene previsto rechazar este martes en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo (la inducción a la prostitución). El asunto, que ya llegó a la Cámara baja la pasada legislatura, dividía históricamente al socio minoritario de la coalición, donde formaciones como Catalunya en Comú, Más Madrid o Compromís tienen una postura regulacionista (no prohibir la prostitución sino regularla con condiciones laborales para las mujeres que la ejercen), al contrario que Izquierda Unida o en su día Podemos (que ahora ya está fuera de Sumar), más partidarios de una abolición total. En esta ocasión, a las puertas de la campaña de las elecciones europeas y tras un intenso debate entre las formaciones que integran el grupo, todas han acordado una posición de consenso, según confirman varias fuentes a EL PAÍS.
Con el rechazo de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la proposición de ley de los socialistas depende ahora del voto del PP, que, si la apoyara, estaría concediendo una victoria parlamentaria al PSOE a tres días del arranque de la campaña del 9-J. Precisamente en Sumar critican el proceder de su socio de Gobierno: consideran que el PSOE, al registrar la propuesta, ha tratado de dividirlos y hacer “electoralismo a costa del feminismo” en un tema en el que existen distintas sensibilidades en su espacio político.
La propuesta de los socialistas es prácticamente la misma que registró en 2022, excepto que se suprime un punto que ya se incluyó en la ley de Libertad Sexual y se añade un aumento en la horquilla de penas: estaba en uno a tres años de cárcel y pasa de dos a cuatro para quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Hace dos años, el contenido de ese texto era una enmienda de los socialistas a la ley del solo sí es sí, que estaba en plena tramitación. No fue posible un acuerdo con su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos.
“Lo que pretendemos es modificar el Código penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercera locativa, que consiste en la cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución”, explicó en marzo el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras registrar la iniciativa. Los socialistas sostienen que hay “unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente” en España y que las condenas a proxenetas son escasísimas o inexistentes. Por ello defienden la necesidad de la ley, cuyo objetivo final, aseguran, es abolir la prostitución.