El Constitucional anula las condenas por malversación de los ERE y allana el camino para librar a Griñán de la cárcel

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha proseguido este martes con el desmontaje de las condenas del caso ERE. Los magistrados han acordado anular las condenas a prisión por malversación dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo por el reparto clientelar de 680 millones de euros a lo largo de una década desde la Junta de Andalucía.

El TC ha examinado el recurso de amparo de uno de los condenados por prevaricación y malversación, el del ex director general de la Agencia IDEA (la caja pagadora de los ERE) Miguel Ángel Serrano, al que se le impusieron seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años. El Constitucional declara que "se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia" y anula su condena.

La decisión afectará a todos condenados por malversar fondos de la Junta, entre ellos el ex presidente autonómico José Antonio Griñán. El acuerdo de los siete magistrados del TC supone que esas condenas, conforme sean examinadas, serán eliminadas o reducidas.

El bloque mayoritario del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido ya desactivó en el pleno anterior la condena a inhabilitación impuesta a la ex ministra socialista Magdalena Álvarez. La decisión de hoy es una extensión de lo razonado en ese caso: que no es posible que los jueces controlen la legalidad de la actuación de unos políticos en la fase de elaboración de una ley, en este caso la de Presupuestos.

A Miguel Ángel Serrano se le condenó por el reparto de dinero para ayudas sociolaborales y empresas en crisis con base a la partida presupuestaria conocida como fondo de reptiles. El TC precisa que, puesto que esa partida estaba apoyada en las leyes de Presupuestos de 2002 a 2009, no puede considerarse ilegal su reparto.

"Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversación, esto es, por la disposición ilícita de caudales o efectos públicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula específicamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario público, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse válida", dice la ponencia de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, responsable de todos los amparos de los ERE.

Entre los asuntos que también tenía previsto revisar este martes el TC se encuentra el del consejero de Empleo Antonio Fernández García. En su caso, la propuesta es anular la condena por malversación, esta vez ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que valore la participación del socialista en «las modificaciones presupuestarias" de 2000 y 2001 y "la disposición de los fondos" del llamado fondo de reptiles.

Cuando revisó la condena por el otro delito, el de prevaricación, el TC ya dejó abierta la puerta a que en una nueva sentencia la Audiencia estudiara mantener las condenas por lo sucedido en los años 2000 y 2001.

En esos dos ejercicios las irregularidades se produjeron en una fase posterior a la aprobación de la Ley de Presupuestos y, por tanto, podrían ser controladas por el Poder Judicial y por tanto volver a conducir a condenas, aunque fuera inferior a la inicial.

Las estimaciones de los recursos de amparo han vuelto a contar con los votos contrarios de los cuatro magistrados del sector conservador. Consideran que para anular las condenas los siete magistrados de la mayoría han irrumpido en un terreno competencia del Supremo en el que el Constitucional tiene vedado entrar.