El PSOE ya no descarta nuevos cambios en la amnistía ante la presión judicial: "Hay tiempo"
El PSOE mantiene todavía una rendija abierta por la que podrían llegar a introducirse nuevos cambios en la proposición de ley de Amnistía para satisfacer las exigencias de Junts y ERC. Las formaciones independentistas beneficiarias de la medida de gracia no desisten en su empeño de blindar el borrado absoluto de cualquier delito cometido bajo el paraguas del procés o que estuviera relacionado, incluso lejanamente, con el mismo y, además, cortocircuitar cualquier traba que los jueces pudieran imponer a la aplicación inmediata y extensa de la amnistía.
Este lunes, en Ferraz evitaron confirmar si aceptarán nuevas enmiendas al texto o ya lo dan definitivamente por cerrado tras las aprobadas la semana pasada en la Comisión de Justicia.
«Ahora mismo no hay ningún cambio sobre la mesa, lo que sí hay es tiempo», apuntaba a mediodía la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña. «Evidentemente los partidos, todos, siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde [por este martes] lo que hay son 24 horas», agregaba dejando abierta la puerta a la incorporación de más exigencias por parte de Junts y ERC durante el debate en el Pleno del Congreso. Ese posicionamiento coincidía en el tiempo con dos decisiones judiciales, en Madrid y Barcelona, que refuerzan el cerco sobre Puigdemont por terrorismo y por atentar contra intereses vitales de España, dos delitos que están ahora fuera de la amnistía.
En el partido mayoritario del Gobierno subrayan que están «cómodos» y «satisfechos» con el texto que salió el martes pasado de la comisión e insisten en el argumentario de que no podrá ser tumbado en los tribunales: «El documento es suficientemente robusto y plenamente constitucional, es impecable en su tramitación legislativa y en eso estamos».
No obstante, esta afirmación es la misma que se esgrimía cuando la proposición de ley fue registrada en la Cámara. Entonces aseguraban también que el texto se había medido al milímetro, que era plenamente constitucional, que no tenía talón de Aquiles y que ir más allá de su estricto contenido supondría cruzar líneas rojas, algo a lo que ni el Gobierno ni el PSOE estaban dispuestos. Sin embargo, sólo fue necesario que el independentismo ejerciera presión para que la firmeza decayera y se aceptara introducir cambios sustanciales.
Ahora, los retoques son más complicados pero no imposibles. La vía que tendría el Gobierno para dar cumplimiento a las peticiones de Junts y ERC pasaría por que PSOE y Sumar votaran a favor de las enmiendas que estos dos grupos mantienen vivas para su debate en el Pleno de hoy. Porque el Reglamento sólo admite en este trámite la introducción de nuevas enmiendas transaccionales, pactadas entre una mayoría, si cuentan con la aceptación de todos los grupos, algo imposible. Luego la izquierda sólo podría aprobar las ya redactadas por los independentistas.
Lista de delitos excluidos
Las enmiendas que mantienen en vigor las formaciones catalanas son muy trascendentes. Entre ellas figura la que pretende modificar la lista de delitos excluidos de la amnistía a fin de que no haya referencia alguna a actos tipificados como terrorismo. Con ello lograrían neutralizar las acusaciones del juez García-Castellón contra líderes secesionistas, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira, por su presunta vinculación con los graves altercados y las agresiones cometidas contra policías en el otoño de 2019 tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el procés.
Igualmente reclaman que se borre de la lista de exclusiones los delitos «de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional». Con ello se cortocircuitaría cualquier posible acusación derivada de las indagaciones que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre la llamada trama rusa del procés.
Además, exigen que la amnistía se aplique sin limitaciones a quienes colaboraron, asistieron, asesoraron o protegieron a los líderes independentistas, de manera que puedan acogerse a la medida de gracia personas como por ejemplo, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont o los mossos que aceptaron realizar labores de escolta al ex presidente de la Generalitat cuando se fugó de España.
Otra de las enmiendas que se mantiene viva y que será sometida hoy a votación es la que plantea ampliar en dos meses el período al que afectaría la amnistía para que se extienda desde el 1 de noviembre de 2011, en lugar del 1 de enero de 2012, hasta el 13 de noviembre de 2023. De aceptarse esta enmienda habría que modificar la exposición de motivos, el artículo 1 del Título 1, y el artículo 3 del Título 1 de la proposición de ley.
Los independentistas reclaman también que se añada una disposición adicional nueva en la que se establezca que los recursos por discordancia con normas europeas o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE «no afectarán a la vigencia y aplicabilidad general» de la amnistía. Se trataría así, tal y como exponen en su justificación los grupos independentistas, de blindar todas aquellas situaciones que surjan como producto del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y ante cualquier acción de los jueces que pudiera restar eficacia a la medida de gracia.