La comisión de la verdad, sobre las residencias de Madrid: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha revelado este viernes un informe sobre los detalles que rodearon la muerte de 7.291 mayores durante la pandemia. El equipo, conformado por familiares, juristas y expertos sanitarios, ha entrevistado a cientos de afectados, personal de las residencias y peritos. Las conclusiones más relevantes del documento, presentado en el Ateneo, apuntan a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales que, a partir de marzo de 2020, cayeron de 100 diarias a 50, un número que, a ojos de la comisión, debió haber aumentado hasta 200. La Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe brinda detalles que apuntan a que los centros no estaban equipados para tal tarea, ni en material ni en personal. Ni la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ni nadie de su equipo de Gobierno respondieron a la petición de la comisión de compartir su versión sobre el asunto.

Exceso de mortalidad evitable

Madrid duplicó la cifra de fallecidos en residencias, respecto a la media de las otras otras comunidades. El informe revela que la muerte de muchos mayores se pudo haber evitado “con una prevención de la atención sanitaria adecuada”. A ojos de la comisión, no hubo esta atención por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”. Fernando La Mata, miembro de la comisión, calcula que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”. El Gobierno regional justificó el freno de las derivaciones a los hospitales, con una supuesta medicalización de los centros de mayores, sin embargo, la comisión ha llegado a una conclusión diferente.

Residencias no medicalizadas

El Gobierno regional restringió las derivaciones de los centros de mayores a los hospitales en marzo de 2020, los llamados protocolos de la vergüenza, bajo el argumento de haber dotado las residencias de material suficiente para hacer frente al virus. No obstante, el informe contradice: “La Comunidad de Madrid no había dotado las residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”. La comisión reprocha que antes de atender las residencias se haya priorizado la apertura de otros espacios, como el hospital de campaña en el recinto ferial de Madrid. “Con el personal sanitario que se envió a Ifema se podían haber medicalizado más de mil camas en residencias”, concluye el informe.

El documento precisa que “a día de hoy la estructura y dotación de las residencias continúa siendo deficientes”. Esta conclusión ha sido remarcada por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, quien ha asistido al Ateneo para informar de una moción que presentará el PSOE el jueves en este órgano para modificar el modelo de residencias. Lobato ha insistido en que “el PP de Ayuso no ha movido un dedo para cambiar nada”.

Actuación “inadecuada” del Gobierno

El informe enfatiza en que en noviembre y diciembre de 2019, en la fase inicial del coronavirus, “no se activó la vigilancia epidemiológica”. Además, el texto llama la atención sobre el hecho de que en los meses de marzo y abril, ya con la pandemia declarada, “las residencias no contaron con medios de protección adecuados”. Fernando Flores, miembro de la comisión y profesor de Derechos Humanos, ha detallado que “en muchas residencias se decía a las trabajadoras que no se pusieran las mascarillas para no alarmar a los residentes”.

Además, el documento acusa al Gobierno de no utilizar “los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias”. Concretamente, Flores señala que “no usaron los hospitales privados donde al menos 1.000 camas estuvieron libres, siempre. Tampoco se utilizaron los hoteles medicalizados”.

Comunicación deficiente

“La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fue, en general, incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria”, señala el texto de la comisión. La investigación ha documentado casos en los que “no se aportó la historia clínica con la evolución detallada, las peticiones de derivaciones, ni los acuerdos razonados de no derivación”.

El informe acaba con un apartado de recomendaciones en el que pide la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia y que la Fiscalía complete una investigación “eficaz” sobre lo ocurrido en las residencias de mayores entre marzo y abril de 2020.

Puede consultar el documento completo aquí.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.