Según la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este instrumento permitirá «reforzar la seguridad, la trazabilidad y la supervisión de los requisitos que deben cumplir los profesionales para el ejercicio de sus funciones«.
La creación de esta medida responde a las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como a la Ley 12/2001, de la infancia y la adolescencia en Aragón, y se enmarca en el compromiso del Gobierno autonómico, y en especial de la consejera del ramo, Carmen Susín, de garantizar la máxima protección a los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración.
Transparencia y control
Además, este Registro refuerza el principio de transparencia y control público en la gestión de los centros de protección y reforma, ya que permitirá unificar y actualizar la información profesional de los trabajadores de atención directa, sean empleados públicos o de entidades colaboradoras.
La inscripción y actualización de los datos será obligatoria para los centros, que deberán comunicar cualquier cambio en las plantillas de manera inmediata y por medios electrónicos.
El Registro estará adscrito al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que será responsable de su implantación, gestión y mantenimiento. Asimismo, está previsto que se ponga en marcha en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto, tiempo durante el cual los centros deberán remitir de forma telemática los datos de su personal.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón da un paso más en su política de protección integral de la infancia, con profesionales mejor acreditados y un control más eficaz de la calidad en la atención a los menores tras el escándalo de la 'casa de los horrores' que se desató cuando se conocieron los hechos que se producían en el centro de menores de Ateca (provincia de Zaragoza) en agosto de 2024.