Una tasa de basura según el valor catastral: así es la medida que plantea el Ayuntamiento de Málaga
La nueva tasa de basura que el Ayuntamiento de Málaga plantea calcular en función del valor catastral de las viviendas y del número de vecinos censados no entrará en vigor hasta 2026. El Consistorio ha decidido aplazar su implantación y abandonar la fórmula inicial que ligaba parte del recibo al consumo de agua, tras detectar problemas jurídicos derivados de la incompatibilidad de este sistema con el objeto social de Emasa, la empresa municipal de aguas, que no puede asumir la recaudación de esta prestación patrimonial.
El equipo técnico y jurídico del Ayuntamiento trabaja para rehacer la tramitación y definir un nuevo modelo de cálculo que cumpla con los criterios de seguridad jurídica y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda. La gestión del cobro recaerá en el Organismo de Gestión Tributaria (Gestrisam), que sustituirá a Emasa en esta función.
La aplicación de esta tasa no es opcional. Viene impuesta por la Ley 7/2022 de residuos, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que transpone una directiva europea y obliga a los municipios a cubrir con ingresos específicos la totalidad del coste del servicio de recogida, limpieza y tratamiento de residuos. En Málaga, ese servicio está en manos de la empresa municipal Limasam, cuyo presupuesto para 2025 asciende a 151 millones de euros, lo que equivale a un gasto anual de 255 euros por habitante. Esta cifra, sin embargo, no se corresponde directamente con el futuro importe del recibo.
El primer borrador de la ordenanza, presentado en 2024, fijaba una cuota fija de 93,44 euros al año (0,256 euros por vivienda y día), más IVA, y una parte variable que, en el caso de las viviendas con contador individual, se calculaba a razón de 0,385 euros más IVA por metro cúbico de agua consumido. Para las que no contaran con contador, se preveía una tarifa diaria de 0,094 euros más IVA, lo que sumaba 34,31 euros al año. Con este sistema, el importe máximo podía alcanzar los 224 euros por vivienda y año.
La ordenanza inicial también establecía que debían pagarla las viviendas situadas a menos de 500 metros de un contenedor de Limasam, con bonificaciones previstas para familias en riesgo de exclusión social. Las viviendas turísticas, por su parte, se trataban como hogares habituales, sin categoría de actividad económica.
El retraso en Málaga se suma a las dificultades que otros municipios han encontrado para implantar esta tasa. Las federaciones de municipios (FEMP y FAMP) han advertido de la complejidad técnica y del impacto social de su aplicación. Como referencia, en Sevilla, donde el Pleno municipal aprobó la ordenanza este verano, las cuotas bimestrales oscilan entre 28 y 42 euros, según el distrito. Allí, el Gobierno local ha vinculado parte del importe al índice de reciclaje de cada zona, con la finalidad de «beneficiar a quien más recicla».
Málaga ya contó con una tasa de basuras hasta el año 2000. Su supresión se compensó entonces con una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 20%, por lo que el servicio se financió desde entonces con cargo a ese tributo. La entrada en vigor de la nueva tasa en 2026 obligará a modificar de nuevo el IBI, al no incluir ya este servicio en su recibo.
El Consistorio insiste en que el rediseño de la ordenanza buscará ajustarse a la legalidad y garantizar una recaudación eficaz, recordando que se trata de un mandato legal que no deja margen de renuncia a los ayuntamientos.
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