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Entre dicha documentación, que solicitó el magistrado Leopoldo Puente a petición, a su vez, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figuran las actas fundacionales y los primeros programas de actividades. En éstas consta la «organización de una conferencia en el Club diario Levante de Valencia sobre la situación económica y política en Perú, después del golpe de estado de Fujimori, con D. Juan José Salazar, presidente de la Asamblea de la región Nororiental de Marañón (Perú) y con la colaboración del PSPV-PSOE».
En aquél julio de 1992, la fundación también tenía prevista la «organización de un concierto en Valencia sobre la amistad entre los pueblos y contra el racismo, en colaboración con la Cruz Roja y con el patrocinio de la Generalitat Valenciana», al frente de la que por aquél entonces se encontraba el socialista Joan Lerma.
La fundación, según la documentación que ya está en manos del Tribunal Supremo, se constituyó con un capital de 100.000 pesetas en Massanessa y con una previsión de casi 10 millones de pesetas de ingresos (seis de ellos ordinarios), aunque prácticamente con los mismos gastos.
El juez solicitó a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana que aportase «toda la documentación que obre en su poder» relativa a Fiadelso, «desde su constitución hasta su extinción».
La fundación Fiadelso apareció en un informe de la Guardia Civil entregado al juez Puente puesto que dos inmuebles en Perú atribuidos a Ábalos estaban vinculados a esta. Para los investigadores resultó de interés dado que «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar» con la misma «habría perdurado a lo largo del tiempo, llegando hasta el presente».
Ábalos fue su presidente de 1993 a 1998 y, junto al empresario Manuel Valls (fallecido en 2022), compró el local comercial donde se constituyó la sede de la fundación en Valencia en 2003.
Los dos también habrían adquirido en 1998 por 823,58 euros las mencionadas propiedades en Perú, tal y como se desprende de las escrituras halladas en un disco duro que Koldo García guardaba en su domicilio. La mujer de Ábalos entre 2007 y 2022, Carolina Perles, figuraba como vocal del patronato de dicha fundación en 2018.
En mayo de 2019, según destacó la UCO en su informe entregado al juez, Ábalos otorgó un poder especial a una mujer de nacionalidad peruana, Jenifer Balta, para que pudiera gestionar trámites vinculados a las propiedades ubicadas en el país sudamericano. Mientras que en enero de 2020, Ábalos envió a Koldo García una fotografía con un documento de la Consejería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, de octubre de 2019, donde se dejaba constancia de que ella había renunciado a tal cargo de «patrono de Fialdelso».
El 15 de febrero de 2022, Ábalos también preguntó a su asesor, Koldo García, a través de WhatsApp, «si había realizado una transferencia bancaria a una cuenta que tenía en común con Ardines (Gustavo Casal Ardines, presidente de Fiadelso) para el pago de un préstamo».