El Supremo permite a Trump expulsar a otros 500.000 inmigrantes
Con esta decisión, se amplía a casi un millón el número de personas expuestas a la expulsión desde el regreso de Donald Trump al poder
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Kilmar Abrego, el salvadoreño deportado «por error» por Trump, regresa a Estados Unidos para ir a juicio
El Tribunal Supremo exigió a la Administración Trump que «facilitara» el regreso de Abrego a EE.UU. para que pudiera contestar en tribunales su deportación, algo que las autoridades hasta el momento habían rehusado cumplir.
Abrego fue deportado el pasado marzo a El Salvador, a la prisión de máxima seguridad CECOT, el símbolo de la mano dura del presidente del país, Nayib Bukele, contra las bandas criminales. La expulsión ocurrió contra una orden judicial de 2019 que impedía su deportación, precisamente por el riesgo que correría Abrego si eso ocurría.
Defienden que fue una deportación correcta
La Administración Trump siempre ha defendido que su deportación fue correcta y que Abrego es un criminal, un peligroso miembro de MS-13, pese a no aportar pruebas al respecto, y pese al escándalo que su expulsión provocó entre las organizaciones de derechos civiles y los demócratas. Su expulsión ocurrió al mismo tiempo que otras deportaciones expeditas combatidas en tribunales: las de venezolanos sospechosos de ser miembros de Tren de Aragua, otra banda criminal, expulsados sin proceso legal con la invocación de una ley bélica de 1798.
Después de la orden del Supremo, la Administración Trump siempre defendió que no podía obligar a El Salvador a sacar de allí a uno de sus ciudadanos. Y el propio Bukele, en una visita a Trump en la Casa Blanca, dijo que él nunca haría algo así.
La investigación sobre su implicación en el transporte de indocumentados comenzó en marzo, en medio de la polémica sobre su deportación. Una de las pruebas es un control de tráfico a Abrego en 2022 en Tennessee, en el que los agentes cuestionaron si el salvadoreño transportaba a nueve personas de forma ilegal porque los pasajeros iban sin equipaje. Pero Abrego no fue multado ni acusado de ningún delito. Los agentes también interrogaron a otro inmigrante, José Ramón Hernández-Reyes, que estaba registrado como el dueño del vehículo.
Según la esposa de Abrego, la estadounidense Jennifer Vasquez, defendió en su día que su marido a veces transportaba a grupos de trabajadores de la construcción de una obra a otra.