Las 12 CCAA del PP firman el pacto para hacer desde 2025 la Selectividad el mismo día con los mismos contenidos, estructura y criterios de corrección
Las 12 comunidades donde el PP marca directrices para el 70% de la población escolar no universitaria han firmado este lunes un acuerdo entre los muros centenarios de la Universidad de Salamanca para implantar a partir de junio de 2025 una prueba "común" de acceso a la universidad que proporcione "mayor equidad e igualdad" a los alumnos al tiempo que "respeta la diversidad lingüística, cultural y educativa de las diferentes comunidades autónomas". En estos territorios, la Selectividad no tendrá las mismas preguntas pero se pretende que se haga los mismos días, con los mismos contenidos evaluables, con los mismos criterios de corrección y puntuación por faltas de ortografía, con el mismo tipo de ejercicios y número de preguntas y con el mismo número de opciones entre las que elegir, según el documento del acuerdo al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Siete presidentes y cinco consejeros educativos de Castilla y León, Andalucía, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Extremadura, Baleares, La Rioja, Cantabria y Canarias (gobernada por CC pero con consejería de Educación del PP) han suscrito un pacto firmado por 14 personas al que también se han adherido los consejeros de Ceuta y Melilla como "un gesto político", puesto que en las ciudades autónomas las competencias educativas son del Ministerio de Educación. Durante cinco meses, han negociado coordinados por la dirección nacional y la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, que ha dicho que "por primera vez la descentralización no sirve para diferenciar y dividir, sino para conseguir una España más justa".
Cada curso académico, unos 300.000 estudiantes se examinan para acceder a la universidad. Por la existencia del distrito único, la nota que un alumno obtiene en su comunidad autónoma le sirve para entrar en cualquier universidad de España. Como las pruebas no son las mismas en todos los territorios y tienen distinto nivel de dificultad, se ha producido "una ruptura del principio de igualdad de oportunidades", indica el pacto de las CCAA. "A la rebaja del nivel de calidad, se une la disparidad de los resultados de la prueba que, año tras año, originan la preocupación de miles de alumnos que se ven en desventaja a la hora de acceder a una titulación, simplemente por la comunidad en la que han realizado el examen", añade.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se comprometió a homologar la prueba en toda España, de tal forma que la estructura de la misma y los criterios de corrección fueran compartidos entre todas las comunidades. Como no lo ha hecho en profundidad, el PP ha recogido el guante: ha cogido algunas de las cosas que inicialmente quería hacer el Gobierno del PSOE, le ha añadido otras y, "respetando" los currículos de la Lomloe, ha buscado una fórmula en la que todas las regiones se han sentido cómodas, hasta tal punto que han ofrecido sumarse al acuerdo a otros territorios, como los socialistas Castilla-La Mancha y Asturias.
Eso significa que la Selectividad "común" acordada este lunes no supone una reforma total de la prueba, que habría pasado por cambiar también la parte autonómica de los currículos para que todos los alumnos estudiaran una parte idéntica en el Bachillerato o establecer el mismo número de horas de cada asignatura en todas las regiones.
Esas medidas no se descartan, pero se han dejado para más trabajarlo más adelante de forma coordinada con las reales academias y otras instituciones de relevancia. Tampoco las preguntas serán las mismas en todas las regiones que han suscrito el acuerdo, lo que permitiría hablar de una Selectividad única, no común. A cambio, se ha apostado por un modelo que al menos permite alcanzar el rigor de los tiempos prepandémicos, donde el examen no era tan fácil como ahora.
Uno a uno, los barones populares han ido saliendo al centro del claustro del colegio arzobispo Fonseca, donde se aprobó el Estatuto de Castilla y León, para proclamar con solemnidad, como si juraran la Constitución: "Firmo este acuerdo por una Ebau común".
Han defendido que "la educación es el verdadero ascensor social" (Fernando López Miras, presidente de Murcia), por lo que han buscado un acuerdo que "va a favorecer la solidaridad y la cohesión territorial" (Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León), "fruto del consenso y respetuoso con la diversidad lingüística" (Marga Prohens, de Baleares) que "profundiza en el sentido de lo común desde una perspectiva singular de cada territorio sin poner en riesgo nada" (Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana) ante el sistema actual, que "no selecciona a los que más saben y deja fuera a los mejores (Isabel Díaz Ayuso, de Madrid) y supone "una imposición al fijar una Ebau sin contar con nadie y con 17 pruebas distintas" (Juanma Moreno, de Andalucía).
"¿Alguien diría que, en las oposiciones, los jueces se examinaran de materias distintas en función de la comunidad autónoma? ¿O que los licenciados en Medicina tuvieran que examinarse del MIR con criterios distintos? Si todos creen que es de sentido común, ¿por qué lo permitimos con nuestros jóvenes?", ha preguntado Jorge Azcón, presidente de Aragón.
Estos son los cambios acordados este lunes en Salamanca:
1. Los mismos contenidos
Las regiones del PP han recuperado la matriz de especificaciones que ha quitado el Gobierno a partir de este año, donde para cada una de las 15 asignaturas de la fase obligatoria se determinarán los contenidos que obligatoriamente entrarán en el examen. Esta matriz ha estado hasta este curso en las órdenes ministeriales, pero la realidad era que no se cumplía por parte de las CCAA.
Ahora en las regiones populares se señalará "cuántas partes tiene la prueba, qué fragmentos del currículo estatal se evalúa en cada parte, qué tipo de actividades hay en cada una y qué valor tiene cada parte de la prueba", dice el PP. Eso supone, argumentan, "un acuerdo básico sobre el contenido de la prueba respetando el currículo oficial, pero organizándolo de forma que permite diseñar pruebas comunes con la misma estructura y ponderación de cada una de sus partes".
Sólo se han acordado los contenidos de las 15 asignaturas de la fase obligatoria, pero no dice nada de la veintena de materias de la fase voluntaria. Además de 15 matrices de especificaciones, habrá una descripción de examen por asignatura.
2. Las mismas fechas
Estas CCAA han acordado que el examen se realizará en las mismas fechas (ahora hay una horquilla marcada por el Gobierno pero cada región pone el día que quiere) y también se publicarán las notas a la vez para que los alumnos tengan las mismas oportunidades a la hora de matricularse, algo que "facilitará la movilidad de los alumnos porque ahora algunas CCAA cerraban la prescripción de los alumnos antes de que alumnos de otras CCAA conocieran las notas", según ha apuntado Feijóo. Se quiere también que el orden de las asignaturas sea el mismo: por ejemplo, Lengua a primera hora e Historia a última, pero todo esto lo deben proponer a las comisiones de Selectividad, donde están representantes de las CCAA y los institutos, pero también de las universidades.
3. La misma forma de corregir
También se ha alcanzado un acuerdo por el que se establece un sistema común de corrección para todas porque ahora en cada región se puntúa de distinta forma hasta con las faltas ortográficas. Esto lo había propuesto Alegría, pero al final el Gobierno sólo ha fijado para su nueva Selectividad, que comenzará en 2025, que la ortografía contará al menos el 10% de la nota. El pacto popular va más allá. En Lengua Castellana y Literatura, se descontará por cada falta -0,25 puntos hasta un máximo de dos puntos, aunque la primera incorrección ortográfica no se penalizará y cuando se repita la misma falta se contará como una sola. Por errores en la redacción, la sintaxis, el vocabulario o la presentación se podrá deducir un máximo de un punto.
En el resto de asignaturas, se deducirá -0,10 puntos a partir de la tercera falta de ortografía hasta un máximo de un punto y, por errores en la sintaxis, vocabulario y presentación se podrá deducir un máximo de medio punto. No son criterios muy exigentes en relación a los que establecían ahora las regiones más duras, pero "homogeneizan" más que ahora.
4. La misma estructura
El Gobierno marca en su orden ministerial anual una estructura mínima que deben seguir las CCAA, pero el acuerdo habla de unificar "el tipo de preguntas que pueden aparecer, los temas específicos que deben estudiar los alumnos y cómo se distribuirán las calificaciones", algo "esencial" para mantener "la consistencia y la equidad en la evaluación de todos los estudiantes, independientemente de su región o centro educativo". También se acordará el número de preguntas en todas las asignaturas comunes.
El pacto no aborda las diferencias que se producen antes de la Ebau, en el Bachillerato, que cuenta el 60% de la nota de acceso, pero presupone que, si se cierran lo más posible los contenidos y la estructura del examen, los institutos terminarán adaptándose a lo que pide la prueba.
Además, se establecerá para cada examen y para cada una de las preguntas concretas de cada ejercicio el mismo número de opciones entre las que elegir, de tal forma que se impida que algunas regiones tengan cuatro opciones de temas a elegir y otros tres. Actualmente, en varias CCAA se dan tantas pistas a los alumnos que pueden lograr un 10 estudiando menos de la mitad del temario.