Cerdán pide al Supremo todas las grabaciones intervenidas a Koldo García
Por otro lado, también han solicitado al magistrado instructor que reclame a la Dirección General de la Guardia Civil los datos que tenga de «las colaboraciones realizadas por Koldo García con las distintas unidades de la Guardia Civil» entre 2018 y 2024.
Quiere saber, además, si consta incluido en el inventario de fuentes policiales y si han existido contactos entre él y miembros de la UCO. Además, solicita que en caso de que dicha información sea de naturaleza clasificada por la ley sobre Secretos Oficiales, el juez eleve inmediatamente suplicatorio al Consejo de Ministros para solicitar la desclasificación de dicha información.
Los audios
La defensa explica que demanda esos audios para poder ejercer plenamente el derecho a la defensa y, por eso, no quiere tener solo lo seleccionado previamente por la Policía Judicial (UCO) para la confección del atestado de 5 de junio de 2025 sino la totalidad de lo intervenido.
Indica que la cantidad de audios que piden pueden suponer “varios terabytes” y para ellos es fundamental tener acceso a ese repositorio “a efectos de comprender y estudiar las capacidades técnicas de almacenamiento, gestión y tratamiento de datos de (…) Koldo García en solitario”.
En este sentido, recuerda que no tiene la misma valoración la fuente de prueba obtenida por un ciudadano que la que se genera “directa o indirectamente por la actuación del Estado”. Así, explica que se deben determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía Koldo García con la realización de las grabaciones subrepticias dada la “notoria relación previa de colaboración del exasor con el cuerpo policial encargado de la investigación”. Recuerda, al hilo, que a quien fuera el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos se le concedió la medalla al mérito policial en 2018.
Personación en la Audiencia Nacional
Por otro lado, explica la defensa de Cerdán que, dado que la causa nace en la Audiencia Nacional y puesto que a raíz del informe de la UCO se acordó en ese tribunal especial la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, quieren personarse también en el Juzgado Central de Instrucción número 2.
“A efectos de poder ejercer con plenitud el derecho de defensa resulta imprescindible que esta representación letrada pueda participar de esas diligencias (…) a efectos de garantizar el principio de igualdad de armas en los mismos términos en los que participan en la misma las acusaciones, tanto pública como popular”, indica.