ABC ya informó hace apenas unos días de que el plan de la Agencia Tributaria Catalana para conseguir que los cuatro millones de contribuyentes que declaran IRPF en la comunidad autónoma lo hagan a través de sus oficinas ha resultado un fiasco y una década después apenas ha conseguido captar a unos 13.000 contribuyentes, un 0,3% del total.
Solo el 0,34% de los contribuyentes se acogen a la posibilidad que da la Hacienda catalana de tramitar la presentación del IRPF a través de sus oficinas
El temor de los inspectores de Hacienda viene alimentado en primer instancia por el acuerdo de PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que compromete la asunción por parte de la Agencia Tributaria Catalana de las atribuciones que la AEAT ejerce a día de hoy en el territorio; y en segundo término por el anuncio realizado hace solo unos días por Illa en el Parlamento de Cataluña sobre que su gobierno cuadruplicará los recursos de la agencia tributaria propia, un objetivo que a juicio del colectivo solo puede alcanzarse con el traspaso de los cerca de 4.000 trabajadores que la agencia estatal tiene en la autonomía.
«Los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña están muy preocupados», ha admitido la presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, que ha mostrado su inquietud por la falta de información que se les traslada desde la cúpula del Ministerio de Hacienda.
La asociación considera la amenaza de fractura de la estructural actual como el mayor ataque jamás sufrido por la Agencia Tributaria y advierten de que continuar por este camino destrozará el sistema fiscal y dinamitará el sistema de financiación autonómica.
Su preocupación afecta de manera muy particular a la lucha contra el fraude. Un análisis difundido este viernes por los inspectores de Hacienda concluye que el eventual traspaso de las competencias de la Agencia Tributaria estatal a la administración catalana, como se prevé en el acuerdo entre PSC y ERC, imposibilitaría o dificultaría en grado máximo la continuidad con los actuales niveles de éxito de hasta docena y media de planes de control e inspección.
La quiebra del sistema único de información con el que opera la Agencia afectaría, advierten, a la persecución de las deslocalizaciones fraudulentas con origen o destino en Cataluña, la comprobación de grandes multinacionales y patrimonios elevados -actualmente centralizados en unidades de élite de alcance en todo el territorio nacional-, las siempre controvertidas relaciones entre los socios y las sociedades o, en un plano ya delictivo, las actuaciones contra el blanqueo de capitales, el contrabando o el narcotráfico, abriendo un agujero negro millonario a los resultados de la lucha contra el fraude. «Sería imposible recaudar los 15.000 millones anuales que se obtienen en la actualidad», ha advertido el portavoz del colectivo. Y así hasta 17 líneas de actuación distintas que no podrían operar con la misma solvencia de quebrarse el sistema actual.
Del mismo modo, el portavoz de la asociación, José María Peláez, ha advertido de que la quiebra del actual sistema de caja única en la recaudación de los grandes impuestos perjudicaría a los sistemas de asistencia a los contribuyentes que han facilitado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en los últimos años, como el borrador de Renta.