García-Castellón insta a Suiza dejar fuera de una reunión sobre el ‘caso Tsunami’ al Ministerio de Justicia de Bolaños
La desconfianza entre el juez del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y el Gobierno escala a un nivel inusitado. Este miércoles, el magistrado ha instado a las autoridades de Suiza, a las que reclama mantener una reunión para poder aclarar sus dudas sobre la petición de colaboración que les envió el pasado noviembre, a dejar fuera de esa posible cita al Ministerio de Justicia español, encabezado actualmente por el socialista Félix Bolaños. García-Castellón ha abierto, además, una investigación “reservada” para averiguar qué “autoridades o funcionarios” pudieron cometer un delito de “revelación de secretos” al facilitar información a terceros sobre la respuesta que el país helvético había dado a su solicitud de auxilio, avanzada por EL PAÍS este martes.
La brecha entre García-Castellón y el Ejecutivo se agranda a pasos agigantados. Después de que EL PAÍS desvelara que Suiza cuestiona la investigación del caso Tsunami y rechaza facilitar información, el PSOE y sus socios se aferraron a la respuesta del Estado centroeuropeo para insistir en su tesis de que en el procés independentista catalán “no hubo terrorismo”. Sin citarlo por su nombre, el portavoz de los socialistas, Patxi López, criticó algunas de las decisiones judiciales del magistrado, que este miércoles ha dictado dos nuevos autos de calado y que mantiene en la diana al expresident Carles Puigdemont y a Marta Rovira, ex secretaria general de ERC, fugados de la justicia desde 2017.
En una de estas resoluciones, García-Castellón contesta a la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, que decidió dejar en suspenso la comisión rogatoria cursada en noviembre por el magistrado, a la espera de que España le aclare algunos extremos de la causa sobre los que expresa numerosas dudas. El juez insiste a Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben “rechazar una solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos” en un caso de estas características, donde se investigan presuntos delitos de terrorismo.
Igualmente, en este escrito, el juez de la Audiencia Nacional critica que las autoridades helvéticas no hayan respondido todavía a la petición que ya les hizo en noviembre de 2023 para que, en el marco del órgano de cooperación judicial Eurojust, se mantuviera una reunión para aclarar las dudas sobre la ayuda que les reclamado —el juez pidió localizar a Rovira y datos sobre una cuenta bancaria—. “Esta situación resulta particularmente extraña, atendido la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes”, afirma el magistrado, que recalca la necesidad de celebrar esta cita, aunque añade que se evite que el Ministerio de Justicia participe, para “dotar a la reunión” de la “formalidad y agilidad necesaria”, al tratarse de una “cuestión de naturaleza estrictamente judicial”.
Sin embargo, estas palabras de García-Castellón no llegan en un momento cualquiera. La tensión se palpa en el ambiente. De hecho, a través de su segundo auto, el juez ha decidido abrir una investigación para averiguar qué “autoridades o funcionarios” pudieron cometer un delito de “revelación de secretos” al facilitar datos a terceros sobre la decisión de la Oficina Federal de Justicia suiza de dejar en suspenso la comisión rogatoria. Fuentes de la Audiencia Nacional afirman a Efe que esta respuesta de las autoridades helvéticas, que se tramitó a través del ministerio de Bolaños, se publicó en la prensa antes de que llegara al Juzgado. El magistrado ordena a la Guardia Civil que indague sobre ello y, además, subraya a los agentes del instituto armado que no informen a sus superiores sobre los resultados de sus averiguaciones; y que solo “reporten directamente de los avances de la investigación a este magistrado instructor”.
El carácter “político”
La negativa de Suiza a facilitar, de momento, la información que pide García-Castellón se basa en que quiere verificar si el caso Tsunami tiene “un carácter político”, lo que “impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal”. Una tesis que rechaza el magistrado de lleno. Es más, el juez de la Audiencia Nacional subraya que ese “sesgo político” podría atribuirse, más bien, al responsable suizo que ha recibido la petición de colaboración, ya que le ha pedido información al juez sobre la ley de amnistía que el Congreso se encuentra tramitando actualmente, y que beneficiaría a Puigdemont y Rovira, entre otros.