Hacienda abordará la quita de la deuda autonómica en febrero y aleja la posibilidad de un fondo de compensación
María Jesús Montero tiene por delante una agenda muy densa. El primer reto es alumbrar unos Presupuestos “a la mayor brevedad posible”, ha asegurado este jueves la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno durante una comparecencia en el Congreso, en la que ha explicado la hoja de ruta de su departamento para la legislatura. Otro gran desafío es la reforma del sistema de financiación autonómico, que ha vuelto a ganar protagonismo con las cesiones a los partidos catalanes a cambio de su apoyo a la investidura y más recientemente con la presión de las comunidades peor financiadas para recibir una compensación. “Necesitamos dejar a un lado las posiciones maximalistas de cada territorio”, ha zanjado sobre la renovación del sistema, pendiente desde 2014. “Hay que recordar que el modelo de financiación es una ley orgánica que requiere del consenso parlamentario en esta cámara”, ha añadido en alusión a la posibilidad de buscar un punto de encuentro con el PP al margen de la negociación con los barones regionales.
La ministra ha anunciado que ya han empezado las rondas de contactos con los grupos parlamentarios para avanzar en la negociación de los Presupuestos, y que a partir de febrero se reunirá también con las comunidades para abordar la quita de parte de la deuda autonómica acordada con Junts y extendida al resto de territorios. Sin embargo, ha alejado la posibilidad de crear un fondo de compensación transitorio a la espera de la reforma del sistema para apoyar a las regiones con financiación por habitante inferior a la media (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha). “En el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró hace unos meses, ante la petición de algunas comunidades autónomas, yo planteé esta cuestión, y el conjunto de comunidades autónomas dijo que no. Y, por tanto, es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual. Lo que es difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto”.
La reforma del sistema de financiación es un asunto que lleva una década pendiente y uno de los más endiablados. El Gobierno se ha comprometido a abordarlo en esta legislatura, aun sabiendo que la aritmética parlamentaria no le da mucho margen. Depende de los votos de los partidos catalanes, que están sacando las garras para obtener ventajas a cambio de sus votos. La mayoría de las comunidades, además, están dirigidas por el PP tras las elecciones de la pasada primavera, y nunca se ha logrado una renovación del modelo con el Gobierno central de un color y las autonomías de otro.
Tampoco se puede dar por sentado que los barones del PSOE —los pocos que quedan— apoyen la propuesta de reforma que pueda avanzar Sánchez. Los líderes regionales tienen una órbita de influencia propia y conforman bloques de presión entre ellos que no responden necesariamente al color político, como se ha escenificado este miércoles: el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page —que ya en otras ocasiones se ha distanciado de las posiciones de Sánchez— se reunió de manera informal con sus homólogos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, todos del PP y se ha mostrado aguerrido en pedir un fondo de nivelación al Gobierno para abordar la infrafinanciación, un asunto que afecta a estos cuatro territorios.
El anterior Gobierno de Pedro Sánchez, en el que Montero ya era responsable de la cartera de Hacienda —y durante un tiempo de Función Pública—, también se dejó en el tintero la reforma del sistema tributario, comprometida con Bruselas y por la cual se constituyó un comité de expertos que confeccionó una amplia lista de recomendaciones reunidas en el libro blanco presentado en marzo de 2022. El documento sigue en un cajón y el Ejecutivo solo ha aprobado medidas puntuales, alegando que el deterioro del panorama económico por la covid y la crisis energética obligaba a aplazar la revolución fiscal completa que pretendía acometer.
Montero ha asegurado que el Ejecutivo seguirá vigilando la evolución de la inflación por si fuera necesario adoptar más ayudas —”el Gobierno adoptará las medidas necesarias”—, y que a la vez está comprometido con la consolidación fiscal ante la vuelta de las nuevas reglas europeas. Ha añadido que otro objetivo de su departamento es avanzar en la modernización del sistema tributario “donde aporta más quien más tiene, sean los más ricos o grandes corporaciones”. En esta línea, ha recordado que los Presupuestos incorporarán la adecuación del IRPF al salario mínimo, para que los trabajadores que ganen ese sueldo no tengan que tributar, se aprobarán mejoras en la fiscalidad de autónomos y pymes para fomentar la transición digital, se propondrá un acuerdo de Estado contra fraude fiscal, y se convertirán en permanentes los gravámenes a banca y energéticas.
Hacienda también pondrá en marcha una herramienta para que se sepa a qué se destinan los impuestos que pagan los ciudadanos, reforzará la atención de la administración tributaria y simplificará su comunicación, un proceso ya en marcha, y trabajará para mejorar la eficiencia del gasto público.
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