La Comisión Europea lanzo la propuesta para un Pacto de la UE sobre Migración y Asilo en septiembre de 2020 con miras a romper finalmente el prolongado estancamiento político entre los estados miembros sobre la reforma de la política de asilo y migración de la UE.
Se firma en El Cairo un acuerdo de 7.500 millones de euros. La primera ministra italiana anuncia una «alianza internacional para luchar contra los traficantes de personas»
La iniciativa contenía un paquete de propuestas y recomendaciones de políticas en las áreas de migración, asilo, integración y gestión de fronteras. Entre las medidas se incluían: reglamentos de detección que determina el procedimiento inicial que deben afrontar los nacionales de terceros países que llegan irregularmente a la UE; de procedimientos y gestión de asilo; y de crisis y fuerza mayor, entre otros.
Concretamente, los Estados miembros que experimenten «presiones migratorias» -especialmente países como Grecia, gran promotora de este pacto para «aliviar la carga migratoria»-, podrán activar una 'cláusula de solidaridad', que supondría la reubicación de inmigrantes a otros países de la UE o proporcionaría a los primeros en llegar dinero extra, asistencia material como herramientas de vigilancia y despliegue de personal.
El plan también establece un control 'previo al ingreso' en la frontera que se completará en días -en lugar de meses o años como es el caso ahora- en un intento de acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y hacer un primer filtrado temprano. el proceso.
Se establecerá un alojamiento temporal en suelo de la UE y se organizará una cooperación con terceros países durante tres meses para los solicitantes de asilo rechazados.
En 2023, alrededor de 380.000 no europeos llegaron a suelo de la UE de forma irregular, el nivel más alto desde 2016, cuando se registraron un millón de solicitudes de asilo.
Si hay mayoría, los Estados miembros lo aprobarán en los próximos días y luego tendrán dos años para implementarlo. La comisaria de Interior Ylva Johansson espera que se apruebe la votación, pero 161 organizaciones de la sociedad civil han pedido este martes el voto en contra del pacto, por, según dijeron, violar los derechos fundamentales -incluso al permitir la detención de niños- y ser «un gran salto en la dirección equivocada».