De suelo dotacional a viviendas: Ayuso exprime sus cambios en las leyes de vivienda para construir 2.000 nuevas a precio asequible
El Plan Vive de la Comunidad de Madrid para poner en el mercado vivienda asequible crecerá antes de que se cierre la actual legislatura. Porque la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ya trabaja con la intención de que antes de 2027 estén concluidas 10.500 viviendas, 2.000 más de las inicialmente previstas en la estrategia de alquiler asequible y que se distribuirán en ochos municipios del norte y del sur de la región.
Ese aumento del Plan Vive, que ayer anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, se debe en parte a la modificación normativa que la Comunidad de Madrid aprobó con la nueva Ley Ómnibus. Porque casi la mitad de las viviendas, concretamente 800 de las mismas, estarán ubicadas en pequeños huecos de parcelas dotacionales en desuso, es decir, aquellas que estaban previstas para equipamientos como edificios administrativos, centros escolares o instalaciones deportivas no ejecutados.
En el caso del término municipal de Madrid serán dos los barrios que acogerán este aumento de viviendas asequibles: Valdebebas y Los Ahijones, dos de los nuevos desarrollos que ya se han construido o están en proceso en la capital. Las otras localidades que acogerán las nuevas construcciones serán Alcorcón, Colmenar Viejo, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada, Móstoles, Tres Cantos y Alcobendas. Esta última es la única en la que esos suelos dotacionales eran de titularidad municipal y no propiedad del Gobierno regional.
Estos 2.000 hogares, cuyo proceso de licitación comenzará próximamente, se destinarán a ciudadanos menores de 35 años. Ese incremento en la construcción permitirá también aumentar las cifras económicas del Plan Vive. Según las estimaciones de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, la inversión privada para la puesta en marcha de las 10.500 viviendas ascenderá a 1.250 millones, ya que el modelo elegido es el de colaboración público-privada, y provocará la creación de 25.000 empleos directos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró ayer que este nuevo aumento en la construcción permitirá que se reduzca «el precio desbocado de la vivienda» que está afectando a la capital y a otras grandes ciudades a nivel mundial, entre las que citó París, Nueva York o Londres. Además la dirigente popular, que previamente ya había cargado contra Moncloa en su discurso por la Ley de Amnistía y el acuerdo en Cataluña para una financiación singular de la región, culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de ese alza de los precios por la puesta en marcha de «leyes intervencionistas que están obligando a los propietarios de pisos a no sacarlos al mercado porque tienen miedo a ser intervenidos», haciendo referencia a la Ley de Vivienda nacional.
Por el momento, el saldo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, más allá de la promesa de llegar a las 10.500 viviendas construidas antes de que finalice la actual legislatura, se resume en 483 que ya han sido entregadas a sus inquilinos, 4.000 que deberían estar concluidas antes de final de año y otras 1.912 ya licitadas. Eso implica que más de la mitad de las planificadas aún no se han comenzado su proceso para ser levantadas.
Estos edificios contarán con pisos de uno o dos dormitorios que se dispondrán en urbanizaciones cerradas vigiladas durante 24 horas y que contarán con zonas ajardinadas, piscina, trastero y plaza de garaje. El precio fijado para el alquiler no podrá superar en ningún caso los 600 euros al mes y será obligatorio que los beneficiarios tengan la nacionalidad española o la residencia legal en España, sean mayores de edad o menores emancipados, que no posean ninguna otra propiedad inmobiliaria en el territorio nacional y que se destine como d0micilio regular el recurso al que acceden.
Además, dentro de esos requisitos, también se establecen condicionamientos económicos que irán asociados al nivel de renta. En cuanto al mínimo quienes quieran acceder al Plan Vive tendrán que tener unos ingresos que sean 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), llegando de este modo al 35% de la renta máxima anual. En el extremo opuesto, esos ingresos máximos serán 5,5 o 7,5 veces el IPREM, dependiendo de la protección con la que cuenten los pisos que se quieran alquilar.