Biden reduce el acceso al asilo para lanzar un mensaje político contra la inmigración irregular
Estados Unidos impone desde este martes nuevas medidas mucho más estrictas para limitar el asilo y cerrar el paso a las entradas irregulares de migrantes por su frontera sur. En una medida encaminada a atajar una de las grandes quejas de los votantes, a solo cinco meses de las presidenciales de noviembre, el presidente, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva que permite el cierre de la frontera con México si se superan los 2.500 cruces irregulares diarios durante una semana. El decreto también limita la posibilidad de asilo de quienes entren de manera irregular y posibilita la rápida expulsión de aquellos a quienes se les niegue esa protección.
En la práctica, la orden posibilita el cierre de buena parte de la frontera desde esta misma medianoche, pues durante los siete días previos ya se ha superado el nivel previsto de entradas irregulares: en mayo, las entradas diarias alcanzaron una media de 3.800: hubo 118.000 detenciones en todo el mes. Una cifra lejos de los récords registrados en diciembre, un mes en el que se superó el total de 250.000 detenciones. Pero es un número que sigue azuzando las críticas contra la política migratoria del mandatario demócrata, y que representa una de sus grandes debilidades frente a su rival republicano, Donald Trump, que promete una mano muy dura en la frontera si regresa a la Casa Blanca el próximo enero. El expresidente, que ha descrito a los inmigrantes como “veneno para la sangre de este país”, amenaza con deportaciones masivas, entre otros pasos.
Con esta iniciativa, que se pergeñaba desde hace meses, Biden aspira a tomar la iniciativa y presentar a los demócratas como el partido que sí toma medidas para controlar la frontera, frente a unos republicanos que han bloqueado en dos ocasiones desde enero un proyecto de ley de reforma migratoria redactado por legisladores de ambos partidos.
Su apuesta no está exenta de riesgos: ya antes de que se hiciera pública la nueva orden ejecutiva, grupos defensores de los derechos humanos y de los migrantes, así como legisladores del ala progresista demócrata, criticaban la medida. La Unión de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) ya ha anunciado esta mañana que llevará la medida a los tribunales. “Esta acción tiene el mismo enfoque que el veto al asilo de la Administración de Trump”, señala la organización.
El descontento del ala progresista en el tema migratorio se suma al que ya arrastra por el apoyo de la Casa Blanca a Israel en la guerra en Gaza. Alex Padilla, el único senador latino de California, ha reprochado la decisión de la Casa Blanca. “Al revivir el veto al asilo de Trump, el presidente Biden socava los valores del país y abandona una de nuestras obligaciones”, señala el legislador demócrata.
La orden ejecutiva, según ha explicado la Casa Blanca, prevé lo siguiente: “Prohibirá recibir asilo a los migrantes que crucen nuestra frontera sur de manera ilegal. Esas acciones se aplicarán cuando los altos niveles de encuentros [cuando los agentes fronterizos detectan inmigrantes entrados de manera irregular] excedan nuestra capacidad de aplicar consecuencias inmediatas, como está ocurriendo ahora. Eso hará más fácil a los funcionarios de inmigración expulsar a aquellos sin base legal para permanecer [en EE UU] y reducirá la presión sobre nuestros agentes fronterizos”.
La medida recurre a la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una draconiana política migratoria y evitar entradas a Estados Unidos. Pero, a diferencia de lo que ocurrió durante aquel mandato, los menores no acompañados no se verán afectados, según han subrayado altos cargos de la Casa Blanca que hablaron con la prensa bajo la condición del anonimato. “No separaremos familias”, han insistido. “No solamente es una medida inhumana, sino inefectiva. No detuvo el flujo de migración irregular en absoluto” durante el mandato de Trump.
La medida contempla excepciones, han apuntado los altos cargos, para aquellos casos en los que el afectado alegue, y pueda demostrar, un riesgo claro de tortura u otro tipo de maltratos si resulta deportado. Aquellos sobre los que se determine que no sufren ese riesgo serán deportados “lo más rápidamente posible”. Se vetará su entrada en el país durante al menos cinco años y podrían encarar cargos judiciales.
La Casa Blanca calcula que, tras la entrada en vigor inmediata de la medida, el flujo migratorio irregular comenzará a descender. “Si podemos deportar rápidamente” a los inmigrantes sin derecho de asilo, “eso tendrá un impacto significativo en los flujos migratorios, al cambiar el cálculo de aquellos que se plantean entrar de manera irregular”.
El Gobierno procesa actualmente unas 1.450 solicitudes diarias en los puntos de entrada de la frontera sur. Las autoridades migratorias luchan desde hace meses para que estos procesos se inicien en una aplicación móvil y desde el país de origen de quienes desean obtener este derecho. El Departamento de Seguridad Interior, de quien depende la Patrulla Fronteriza, busca que los agentes que realizan las primeras entrevistas para otorgar el asilo tengan una mayor libertad para rechazar pronto a quien no cumpla las condiciones. Se calcula que hay unos dos millones de peticiones de asilo a la espera de una decisión de los jueces especializados en migración. La gran mayoría de personas aguardan la resolución de sus casos en territorio estadounidense y llevando una vida normal.
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