El PSOE renuncia a la enmienda a favor de los okupas al no haber mayoría para aprobarla
La Comisión Constitucional se ha reunido este martes para aprobar el informe de la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, con la que los socialistas quieren impedir que la Fundación Francisco Franco reforme sus estatutos, pase a ser una asociación, y esquive así el proceso de ilegalización en el que está inmersa en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
En ella, el PSOE intentó colar una enmienda transaccional de tapadillo para satisfacer una exigencia de sus aliados de izquierdas, que querían revertir el cambio que logró introducir el PNV en la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación se recogiesen entre los de enjuiciamiento rápido en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
El informe de la ponencia ha sido aprobado en la Comisión Constitucional, que da luz verde a la ley para que sea causa de disolución de las asociaciones la apología del franquismo. Ahora, deberá ser debatida por el Pleno del Congreso. El PP y UPN se han abstenido y Vox ha votado en contra, con el resto de formaciones a favor. No obstante, la discusión de la iniciativa ha quedado en un segundo plano tras publicar ABC el intento del PSOE y sus aliados de izquierdas un cambio legal que nada tiene que ver con la norma y que pretendía favorecer a los okupas.
Este martes, se debatían las enmiendas que habían quedado vivas al no incorporarse al informe de la ponencia. Entre ellas, las del PP y UPN, que pedían incluir la apología del terrorismo como causa de disolución de las asociaciones, a lo que se han opuesto el PSOE y sus socios, precisamente, alegando que esto no tiene relación con el objeto de la ley. Finalmente, nadie ha defendido la enmienda transaccional que buscaba eliminar de los juicios rápidos los delitos de allanamiento de morada y usurpación y tampoco se ha votado, por lo que ha decaído.
El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha protestado por el hecho de que el PSOE defienda que la apología del terrorismo no es objeto de la ley, pero haya intentado introducir medidas «a favor de la ocupación ilegal». Carlos Flores, de Vox, también se ha referido a esta polémica como «el intento del PSOE de colar de contrabando una reforma de la Lecrim que nada tiene que ver ni con el objeto de la ley ni de la enmienda original presentada por Podemos». El cambio registrado originalmente por el partido de Ione Belarra proponía incluir en la redacción de la norma, además de franquismo, el término «fascismo». Y esa fue la base utilizada para tratar de introducir la corrección de la enmienda del PNV aprobada en la ley de eficiencia de la Justicia.
En su momento, la enmienda del PNV salió adelante con el apoyo de PP, ERC, Junts, Bildu, UPN y Coalición Canaria y la abstención de Vox, que la veía insuficiente. ERC y Bildu anunciaron tras esa votación que se habían equivocado y, como publicó ABC, se comprometieron a buscar las vías para corregir ese «error lamentable». Podemos también exigió una rectificación y el PSOE se comprometió a intentarlo. Fuentes socialistas consultadas por ABC aseguran que han cumplido con su palabra, pero subrayan que no hay mayoría para revertir esa modificación legal que, en diciembre, aprobó definitivamente el Pleno del Congreso. «Lo hemos metido en el primer sitio en el que hemos podido», dicen desde el PSOE, pero eso no es consuelo para los de Belarra, que ya advierten que el Gobierno deberá buscar la manera de satisfacer sus exigencias, informa Patricia Romero.