Sánchez vetó hacer oficial al catalán en 2022 por impedirlo los tratados

La situación generada tras la última reunión del Consejo de Asuntos Generales, que prepara los encuentros del Consejo Europeo, es decir, del órgano de la Unión Europea (UE) que define las orientaciones y prioridades políticas comunitarias formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países miembros, ha permitido también recordar que el catalán y el resto de lenguas autonómicas ya tienen un reconocimiento en la UE, con un coste que asume España y que facilita que cualquier español se pueda dirigir a las instituciones comunitarias (Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo de la UE, Defensor del Pueblo Europeo, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo y Tribunal de Justicia) en una lengua regional y recibir respuesta en ese mismo idioma.

A efectos prácticos, para los ciudadanos, que el catalán, el vasco y el gallego (a los que hay que sumar el resto de lenguas reconocidas o por reconocer en los estatutos de autonomía) tengan el estatus de oficial en la UE, al mismo nivel de las 24 lenguas ya reconocidas, o mantengan la situación de identificación en acuerdos bilaterales de España con las instituciones comunitarias (excepto con el Parlamento Europeo que, a pesar de no tener firmado un acuerdo con España, asume la comunicación en estas lenguas desde 2006) no cambia nada.

Eso sí, serían los diputados de la Eurocámara los que se beneficiarían del cambio de régimen lingüístico, pues ahora solo se puede utilizar una de las 24 lenguas oficiales. Carles Puigdemont, por ejemplo, utilizó habitualmente el francés o el inglés, y no el español, cuando fue eurodiputado. También se traduciría, por defecto, toda la documentación oficial, si bien, en esto, hay 'lenguas de primera' y 'lenguas de segunda'. En realidad, no todo se traduce al búlgaro, al húngaro o al rumano, por poner tres ejemplos, a diferencia del inglés y el francés.

En cualquier caso, el Ejecutivo de Sánchez tenía una posición muy clara al respecto, en 2018 y 2022. Pero todo cambió en 2023, para mantener la Moncloa, llegando incluso al punto actual de presentar al Consejo de Asuntos Generales un problema político interno de España y abriendo la posibilidad de que se multipliquen las lenguas oficiales en la UE –internamente se habla de hasta 75 lenguas en función de su reconocimiento regional de los países miembros–. En 2018, en respuesta a una pregunta de Jaume Moya (En Comú Podem), el Gobierno dejó claro que era «inviable» que las lenguas autonómicas fueran oficiales en todos los organismos comunitarios «por el elevado coste que supondría».

Cuatro años después, el Ejecutivo amplió la argumentación tras una pregunta de Pilar Calvo (Junts). No dejó dudas: «Los tratados actualmente vigentes no permiten que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea». Y recordó que así lo manifestó el Consejo en 2004, que para incluir las lenguas autonómicas habría que modificar el artículo 55 del Tratado de la UE, convocar una Conferencia Intergubernamental y que todos los países miembros ratificasen la modificación.

A pesar de la realidad, Sánchez, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, considera que este asunto es nuclear, «un compromiso irrenunciable» y prioritario para la diplomacia española. Aunque no se consiga el estatus de oficialidad, sobre todo del catalán, el Gobierno tiene que poder ofrecer algún triunfo a Junts y ERC. Por ejemplo, que se pueda hablar en catalán en la Eurocámara.

Sin embargo, sin oficialidad parece imposible el uso de una lengua en Bruselas. En esta línea, desde el Ejecutivo se ignora el informe jurídico de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, fechado el 15 de abril y consultado por ABC, a petición de un diputado populista de Luxemburgo para que el luxemburgués sea lengua de uso parlamentario. El informe deja negro sobre blanco que no hay base jurídica para ampliar el régimen lingüístico de la cámara –sí lo hay, sin embargo, para restringir el uso de las oficiales– pues eso sería cambiar los tratados por la puerta de atrás.

Por otra parte y al margen del aspecto legal, un argumento utilizado por Albares para la defensa de la oficialidad del catalán en la UE, copiado literalmente del nacionalismo lingüístico excluyente, es que la lengua catalana forma una comunidad de diez millones de personas y, por lo tanto, tiene más peso que alguna lengua oficial. Sin embargo, este razonamiento (que obvia por completo, primero, la diferencia estatutaria entre el catalán y el valenciano y, segundo, que la mayoría de los catalanes son castellanoparlantes) choca de frente con las tesis de «emergencia lingüística» del catalán. O es una lengua potente o está en extinción. Las dos cosas no pueden ser.