La brigada antigraffiti elimina pintadas en Sevilla equivalentes a 13 campos de fútbol en apenas año y medio
El servicio antipintadas fue una de las promesas del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien declaró en la presentación de este servicio el pasado mes de octubre que «no se va a consentir que el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, sea el paraíso de los grafiteros».
Donde más se concentran las pintadas es en fachadas, muros y paramentos de calles y plazas del Centro. Concretamente, han sido intervenidas 1277 calles -el 38%- en el Casco Antiguo de Sevilla. Le siguen los distritos Macarena, Norte y Triana con 458, 271 y 220 calles limpiadas respectivamente. En el otro lado de la balanza se sitúan los distritos restantes: Cerro-Amate, Sur, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera, Nervión, Los Remedios y San Pablo-Santa Justa; donde la proliferación ha sido menor.
El pasado martes se tuvo que intervenir en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, que inmerso en las actuaciones de adecuación de cara al primer partido como sede del Real Betis, se encontraron grafitis.
El equipo especializado lo forman 27 trabajadores integrados en diez furgones eléctricos, que cuentan con equipos autónomos de hidrolimpieza y otros dos vehículos de inspección; todos ellos son eléctricos para evitar en la medida de lo posible molestar a los vecinos mientras se actúa. Para actuar sobre la pintadas se emplean técnicas y productos que logran eliminar eliminarlas siempre asegurando que no se daña la superficie.
Cuentan además con una app que se conecta con los directores de los diferentes distritos y que resulta compatible con la 'App Sevilla'. Los trabajos corren a cargo de las UTE Talher-Integra y UTE Paisajes Urbano de Sevilla. El contrato es de carácter bianual, prorrogable hasta en dos ocasiones por un nuevo año de contrato cada vez, y cuenta con un presupuesto para los dos primeros años de 2,6 millones de euros.
Intentos previos
Lamentablemente, los grafitis son una realidad en la capital hispalense desde hace unos años. Tal es la situación que los vecinos se han acostumbrado que los rincones de sus calles presenten garabatos.
El gobierno de Juan Espadas ya decidió plantarle cara a los grafiteros después de que Ciudadanos presentara una moción para exigir a Lipassam que se hiciera cargo de la retirada de estos grafitis y que fue aprobada con el voto del propio gobierno socialista. El precio total de la licitación era de 2.600 euros, un presupuesto que fue calificado como insuficiente para llevar a cabo los trabajos necesarios en esta materia.
El objeto de contrato era «la realización de trabajos de limpieza de grafitis en los monumentos muebles de la ciudad de Sevilla (esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas, retablos, mobiliario histórico), ubicados en espacios públicos cuya conservación corresponde a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente». Es decir, se dejaba fuera las fachadas de los edificios de titularidad privada. La propuesta también contemplaba la idea de promover campañas de concienciación, más vigilancia policial o el «fomento de las prácticas cívicas en el ámbito del grafiti, en colaboración con las asociaciones juveniles y las asociaciones vecinales».
Cierto es que pese a la importante inversión económica que está llevando a cabo el gobierno actual para devolver su aspecto original a las fachadas, se trata de una cuestión de civismo. Sin un cambio de mentalidad difícilmente se podrá erradicar este problema.
El estreno de la brigada antigrafiti coincidió con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de limpieza, que fue aprobada por unanimidad el pasado año y en la que se acordó endurecer las sanciones a los autores de las pintadas vandálicas. El nuevo texto pasó de considerar estos actos de falta leve a considerarse como grave, con el correspondiente incremento de las multas hasta la horquilla entre los 750 y los 1.500 euros. Una sanción que se vería ampliamente agravada si los grafittis se hicieran sobre edificios y espacios públicos patrimoniales o que estén considerados como Bien de Interés Cultural (BIC), pasando a tener que pagar entre 1.500 y 3.000 euros.
La huella de los vándalos
En los últimos años son numerosos los rincones -tanto monumentales como no- que han sufrido los estragos de los vándalos. El pasado mes de diciembre, coincidiendo con la llegada de la Navidad, las calesitas de San Martín de Porres fueron víctimas del gamberrismo. El carrusel que llevan usando generaciones de sevillanos desde hace 60 años amaneció con una rueda de un carro sacada, además de otros daños en las patas de los caballos o algunas bombillas rotas. Todo ello sumado a que la caja de fusiles había sido arrancada, por lo que su propietario se vio obligado a cesar la actividad.
Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el de la cruz de la Plaza de Santa Marta, en el barrio de Santa Cruz. El crucero del siglo XVI, procedente del antiguo hospital de San Lázaro quedo hecho añicos en octubre de 2023. La obra realizada por Hernán Ruiz 'El Joven' fue restaurada durante meses hasta regresar a su emplazamiento en noviembre de 2024.
La propia Casa Consistorial fue víctima el pasado enero de pintadas en su fachada. Los responsables no fueron identificados hasta abril gracias a la labor de los dos agentes especializados en grafitis con los que cuenta la Línea Verde del Ayuntamiento de Sevilla. Es más, uno de estos agentes de la Policía Local, especializado en la materia, logró hace unos años la condena de un grafitero que había vandalizado el Palacio de la Buhaira, un edificio protegido.